El juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes en los tribunales federales de Retiro. Ambos están acusados por presunta asociación ilícita y lavado de activos, en un debate que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 5.
El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. La apertura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera la unificación de las dos causas en un único juicio.
Cristina y Máximo Kirchner, junto con otros imputados, participaron de manera remota de esta primera audiencia. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que esa modalidad es excepcional y que deberán comparecer presencialmente cuando se realicen las indagatorias.
Durante la audiencia, una de las defensas planteó objeciones por la reciente unificación de los expedientes. Según argumentó, no se habrían respetado los 10 días hábiles necesarios para preparar la defensa en la causa Hotesur, cuyo juicio estaba previsto inicialmente para marzo de 2027.
Ante ese planteo, Michilini explicó que este viernes se leerían las acusaciones correspondientes a Los Sauces y que la exposición continuaría durante los próximos días, con el objetivo de completar el plazo señalado. En tanto, el fiscal Diego Velasco deberá presentar próximamente el resumen de la imputación correspondiente a Hotesur.
Qué sostiene la acusación
Durante la lectura del resumen de elevación a juicio, la Fiscalía sostuvo que los hechos investigados habrían sido organizados desde la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con la presunta participación de funcionarios y empresarios.
“Hubo una compleja maniobra de corrupción” montada por “una organización criminal”, cuyos “jefes fueron los ex primeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y tuvo como “organizador” a su hijo Máximo, sostuvo el dictamen fiscal acusatorio que comenzó a leerse en la audiencia.
De acuerdo con la acusación, el objetivo habría sido sustraer y apropiarse de fondos públicos. La Fiscalía afirmó que una parte de los recursos presuntamente obtenidos a través de la obra pública vial habría sido canalizada mediante el pago de dádivas a los expresidentes y su entorno familiar.
Los fiscales sostienen que habría existido una asociación ilícita estable y permanente entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con roles definidos dentro y fuera de la estructura estatal.
Los fiscales acusaron a los ex presidentes y su hijo Máximo de “llevar adelante las operaciones” necesarias para incorporar al patrimonio el dinero ilegal. “Una de las modalidades elegidas por la familia fue la aplicación de los fondos” a empresas inmobiliarias y hoteleras.
Las empresas beneficiarias de obra pública rentaron desde enero de 2009 a marzo de 2016 propiedades a los Kirchner y su firma Los Sauces facturó por alquileres de propiedades un total de 25 millones de pesos. “La mayor parte de la facturación de la firma Los Sauces, 88 por ciento, correspondía a su relación comercial con las empresas” de los grupos Báez e Indalo, remarcó la acusación.
Fuente: Medios Digitales
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