La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto del Poder Ejecutivo que amplía las facultades del Tribunal de Cuentas para fiscalizar empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado provincial o de los municipios.
La iniciativa modifica la ley orgánica del organismo y establece expresamente su competencia para controlar la utilización de recursos públicos en estas estructuras empresariales, sin intervenir en sus decisiones administrativas o comerciales.
La diputada Anazul Centeno destacó que el texto original fue enriquecido con propuestas de diferentes bloques legislativos, lo que permitió alcanzar un acuerdo unánime durante su tratamiento en comisión.
“Fue ampliado con aportes de los distintos bloques”, explicó la legisladora, quien remarcó que las distintas representaciones pudieron analizar la propuesta y plantear modificaciones.
Informes anuales
Uno de los cambios incorporados establece que el Tribunal de Cuentas deberá remitir anualmente a la Cámara de Representantes los resultados de las fiscalizaciones realizadas sobre las empresas alcanzadas por la nueva normativa.
El objetivo es fortalecer los mecanismos de transparencia y permitir que los diputados conozcan cómo se administran y utilizan los fondos públicos en sociedades donde el Estado tiene participación mayoritaria.
“Esto es un control externo, es decir que no interfiere en cómo se manejan las empresas, sino en cómo se usan los fondos públicos que son de todos los misioneros y de todas las misioneras”, explicó Centeno.
La reforma no implica la creación de nuevas estructuras administrativas, sino una ampliación expresa de las competencias del Tribunal de Cuentas, con el propósito de evitar interpretaciones ambiguas sobre su capacidad de fiscalización.
El proyecto ingresó a la Legislatura el jueves 15 de octubre y obtuvo dictamen el martes 20. La intención es incorporarlo al temario de la última sesión ordinaria, prevista para el jueves de la próxima semana. Centeno valoró la rapidez del tratamiento y el consenso alcanzado entre los bloques.
La propuesta consta de tres artículos y establece que, en caso de ser aprobada por la Cámara, las nuevas facultades comenzarán a regir el 1 de enero de 2027.
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