La Cámara de Diputados aprobó este jueves 22 de octubre el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Con la media sanción, la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera que sea tratada en el corto plazo.
El resultado fue posible tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas, con modificaciones negociadas junto al presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad.
El proyecto recupera buena parte de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, pero elimina su carácter excepcional y transitorio. De aprobarse en el Senado, las disposiciones pasarán a integrar un marco normativo permanente, que no dependerá de sucesivas prórrogas de la emergencia.
Qué establece la nueva ley de discapacidad
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el trabajo formal o el monotributo, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. La prestación se fija en el equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, según el esquema contemplado en el proyecto.
El texto también mantiene el principio de nomenclador único para las prestaciones y establece la actualización periódica automática de sus aranceles mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de los precios.
En materia sanitaria, garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los titulares alcanzados por la normativa. Durante el debate, desde Unión por la Patria destacaron que se incorporó también a titulares de pensiones por invalidez laboral.
Otro de los cambios señalados por la oposición es la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el cobro de asignaciones familiares.
Auditorías y compensaciones para los prestadores
La iniciativa crea un sistema de auditorías periódicas que permitirá cruzar información de distintos organismos públicos, entre ellos la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Los controles deberán realizarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, con garantías para las personas alcanzadas. Entre las modificaciones incorporadas se estableció un plazo de 160 días para que quienes tengan pensiones observadas por inconsistencias durante una auditoría puedan presentar su descargo antes de que se les suspenda el beneficio.
Además, se incluyó una cláusula transitoria que exige elaborar un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios. El Poder Ejecutivo Nacional tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar ese mecanismo.
El proyecto pasa al Senado
Con la media sanción obtenida en Diputados, el debate continuará en la Cámara alta. Los senadores deberán definir si convierten en ley el nuevo régimen de protección social para las personas con discapacidad.
La discusión estará centrada en la continuidad de los beneficios, las garantías incorporadas y las condiciones para su aplicación efectiva. Mientras el oficialismo presenta el acuerdo como un paso hacia un sistema permanente y previsible, distintos sectores de la oposición mantienen sus cuestionamientos sobre el alcance de la propuesta y su implementación.
Fuente: Noticias Argentinas
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