Escenario
A un año de las elecciones presidenciales, el termómetro social y político de Argentina exhibe una paradoja de hierro. Con una aprobación que se mantiene en el 38% y un proceso de desinflación que oscila en torno al 2% mensual, la administración libertaria reconfigura su discurso oficial. Las tensiones en el mercado de trabajo, la precarización laboral y la estrategia de blindaje internacional marcan un escenario donde la grieta política parece neutralizar el malestar socioeconómico.
Los datos, extraídos del último Monitor de Humor Social y Político de D’Alessio IROL/Berensztein, revelan un escenario amesetado en el que la polarización atraviesa y congela absolutamente todas las percepciones.
Solo el 33% de los encuestados considera que la situación económica actual es mejor que hace un año, un porcentaje que se mantiene inalterable por quinto mes consecutivo. En la vereda opuesta, el 66% advierte un empeoramiento.
Sin embargo, como bien señala Eduardo Luis D’Alessio, director de la consultora, este malestar no se traduce todavía en un reordenamiento del mapa político: “A un año de las elecciones, parece no haber grandes diferencias en el devenir cotidiano […]. El Presidente mantiene la mayor parte de sus votantes originales. La oposición, a pesar de las dificultades económicas, por las cuales sigue atravesando el Gobierno, no parece ganar terreno”.
Así las cosas, la segmentación ideológica es total. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA) en 2025, el respaldo a la gestión trepa al 82%, y el 68% evalúa que la economía ya mejoró. En el polo opuesto, dentro de Fuerza Patria, el rechazo a la coyuntura actual asciende al 93%, configurando barreras infranqueables en las que incluso acontecimientos externos, como el resultado electoral en Brasil, son leídos a través de la misma grilla de la grieta.
La dinámica del serrucho
En el plano estrictamente macroeconómico, tras conocerse el IPC de 1,9% de septiembre, los precios adoptaron un patrón varias veces descripto en esta misma columna, el de un serrucho.
Según las proyecciones privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, esta dinámica se extenderá al menos hasta marzo de 2027.
El freno en el ritmo de desinflación -que tocó un piso de 1,5% en mayo de 2025 antes de recalentarse en el tramo previo a las legislativas- responde a varias premisas, pero encuentra su mayor fundamento en el peso de la inercia inflacionaria. Tal como explican los especialistas, la economía aún mira hacia atrás mediante mecanismos de indexación que abarcan jubilaciones, tarifas, paritarias y contratos.
Para el economista Juan Manuel Telechea, esta meseta es un síntoma clásico de los planes de estabilización: “Es bastante rápido bajar la inflación desde niveles muy elevados como 100% o 200% anual, como tuvimos al principio de la gestión de Milei, pero después cuesta muchísimo más bajar lo que sería la inflación inercial”. Telechea advierte, basándose en los registros regionales, que consolidar tasas inferiores al 1% mensual recién podría verse hacia 2028, aunque esta posibilidad también está atada a la visceralidad que exhibe a diario la política nacional.
En la misma línea, Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, apunta a la estacionalidad y a la recomposición de precios regulados -que acumulan un alza relativa de 8% por encima del componente núcleo en el año- como los factores que alimentan esta volatilidad. A su turno, Fiorella Scalise (EcoGo) y Santiago Casas (EcoAnalytics) coinciden en que la ausencia de una regla monetaria plenamente consolidada y la persistencia del cepo cambiario dificultan la recuperación de la demanda genuina de pesos, proyectando una inflación minorista anualizada que se mantendrá en torno al 21% para los próximos doce meses.
Claro que también conviven miradas bastante más críticas sobre la persistencia inflacionaria.
El economista Roberto Cachanosky puso el foco sobre los magros logros del Ejecutivo en esta materia y la sostenibilidad de las metas oficiales. “En noviembre del 2023, tras la victoria en las elecciones de Javier Milei, dijo que iba a terminar con la inflación en entre 18 y 24 meses”, recordó Cachanosky, para luego sentenciar:
“En agosto, dijo que a mediados del 2026 la inflación iba a empezar con cero, de manera que te diría que viene fracasando”.
El especialista contrastó el ritmo local con los países vecinos, donde la inflación anual oscila entre el 1,5% y el 4%, y advirtió sobre el costo de la inercia: “Acá estamos hablando de un IPC acumulado del 33,4%; tiene una economía totalmente estancada y vamos a ver, cuando salgan los datos del tercer trimestre, el resultado no se ve”.
Cachanosky desafió además uno de los pilares del relato oficial: el déficit fiscal cero. En esa línea, advirtió que el Banco Central transita un proceso de expansión evidenciado en el incremento de la emisión primaria: “Aumentó cinco veces la cantidad de pesos en el mercado”.
Asimismo, cuestionó el supuesto “poder de fuego” oficial para contener una eventual corrida cambiaria y los instrumentos elegidos para sostener el tipo de cambio en torno a los $1.500: “¿De dónde sale esta plata? ¿Es el swap con China, con Estados Unidos? ¿Son ventas de futuros? La pregunta es, ¿te vas a endeudar para detener un aumento del tipo de cambio? Vas a hacer lo que hacía Martínez de Hoz, que mandaba a YPF a tomar deuda en el exterior”, cuestionó.
Convendría hacer lugar a la mirada de Cachanosky teniendo en cuenta que se trata de uno de los economistas liberales más reconocidos de la Argentina y uno de los que supo apoyar a Javier Milei durante sus inicios en la arena pública.
Empleo en alza, calidad en baja
El mercado de trabajo refleja con crudeza las tensiones de esta transición. Según el informe del INDEC sobre el segundo trimestre de 2026, los puestos de trabajo totales crecieron un 0,5% interanual, alcanzando los 22.566.000.
Sin embargo, la estructura ocupacional profundiza un proceso de precarización estructural.
Mientras los puestos asalariados registrados cayeron un 0,8% (con una baja interanual del 1,4% en el empleo formal privado), los puestos no asalariados -cuentapropistas y patrones- treparon un 3,9%, traccionando todo el promedio estadístico.
Para Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, “el sector formal no demanda puestos de trabajo y lo único que crece son las modalidades ‘refugio’, las ocupaciones que se inventan los trabajadores que van quedando fuera del sistema”.
Los datos del INDEC muestran además que la remuneración al trabajo asalariado cayó al 42,9% del Valor Agregado Bruto (VAB), perdiendo 2,43 puntos frente a 2025.
Al respecto, Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, advierte que los sectores más dinámicos de la economía -como minería, energía o agroindustria exportadora- poseen una alta composición de capital pero escasa demanda de mano de obra, resultando insuficientes para compensar el retroceso del empleo industrial, comercial y de la construcción.
El giro y la mirada puesta en 2028
Este complejo escenario económico obligó al oficialismo a un giro forzado en su relato y en sus tiempos políticos. Las proyecciones originales que prometían un despegue definitivo para 2026 y 2027 quedan definitivamente atrás.
En sus últimas intervenciones públicas y giras internacionales, tanto Milei como Luis Caputo, postergaron el horizonte de consolidación, vinculándolo explícitamente a una eventual reelección: “Si el Gobierno es reelecto, el 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, sentencian. Este nuevo, aunque habitual corrimiento temporal busca blindar a la gestión frente a la persistencia de los indicadores recesivos y a las demandas domésticas sobre la velocidad del impacto microeconómico.
La férrea defensa de Caputo por parte del mandatario -quien calificó de infundadas las especulaciones sobre su continuidad y destacó su relación “simbiótica”- contrasta con las tensiones internas y con las negociaciones permanentes que la mesa política, encabezada por Diego Santilli y los hermanos Menem, debe sostener en el Congreso para garantizar alianzas estratégicas con el PRO y los gobernadores dialoguistas.
Mientras en el plano parlamentario el oficialismo logra blindar instrumentos clave como el DNU 70/2023 y desarrolla la arquitectura legal del Presupuesto 2027, la estrategia de polarización y proyección internacional de Milei -con escalas entre Washington y Madrid en respaldo a referentes de la derecha global- confirma que la batalla política se libra en dos andariveles que corren en paralelo: la imperiosa necesidad de estabilizar los números de la macroeconomía real y la retención intangible de un núcleo electoral que, al menos por ahora, se niega a soltarle la mano.
Reordenamiento
La administración provincial intensificó en los últimos días su agenda institucional y económica con dos ejes centrales: el fortalecimiento de los mecanismos de control externo sobre el sector societario del Estado y la implementación de herramientas de contención financiera para jubilados y empleados públicos. Las medidas coinciden con reordenamientos en áreas estratégicas del gabinete y debates legislativos clave para la gestión que encabeza Hugo Passalacqua.
En el plano institucional, el gobernador remitió el jueves un proyecto de ley a la Cámara de Representantes -ingresado bajo el expediente 11356/26 a instancias del diputado Alejandro Arnold- para modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (Ley I – Nº 3). La iniciativa busca establecer de manera expresa y taxativa las facultades de fiscalización del organismo sobre las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal.
La reforma contempla a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y cualquier entidad donde el sector público detente capacidad mayoritaria de decisión. En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo subrayó que “la exigencia de mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos resulta fundamental para afianzar la confianza de la ciudadanía”, fijando la entrada en vigencia de la norma para el 1 de enero de 2027.
En sintonía con este reordenamiento y confirmando el anticipo de este Diario, Passalacqua dispuso mediante el Decreto 2.059 una reorganización de la conducción del Parque Industrial y de la Innovación Posadas SAPEM, promoviendo la designación de Christian Piatti en la presidencia.
Los cambios se producen mientras el predio de Nemesio Parma ejecuta su planificación presupuestaria de cara al próximo ejercicio, orientada a la atracción de inversiones y procesos tecnológicos.
Este movimiento se enmarca en una serie de medidas de orden, auditoría y regulación que la gestión provincial comenzó a desplegar sobre distintos organismos, sociedades y entidades descentralizadas de peso -tales como el hotel del IPS, Alegramed y el Parque de la Salud-.
Bajo esta nueva impronta de saneamiento y control estricto sobre estructuras que hasta hace poco operaban con autonomía financiera y escasa rendición de cuentas, se busca poner fin a esquemas en los que los beneficios quedaban concentrados. Con los cambios en el Parque Industrial, se apaga definitivamente otra usina dedicada a los negocios personales.
Este movimiento se complementa con las recientes modificaciones en la conducción del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC). Al respecto, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confirmó que el organismo continuará asistiendo al sector productivo regional -como ocurrió con las operatorias crediticias para productores tealeros-, pero bajo estrictos criterios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.
Por otra parte, la situación de los haberes pasivos generó novedades a partir de un proyecto presentado por el legislador José Luis Pastori (Movimiento por lo que Viene), el cual estipula un esquema en tres etapas para regularizar las movilidades previsionales pendientes en el Instituto de Previsión Social (IPS). La iniciativa, que modifica el artículo 10 de la Ley VII Nº 103, contempla un pago mínimo del 25% a partir de noviembre de 2026, un 50% desde marzo de 2027 y la cancelación del 100% en julio de ese año.
El proyecto se inscribe en medio del reclamo que la Provincia sostiene ante la Nación por los fondos destinados a financiar el déficit de la caja previsional no transferida, una deuda que el legislador estimó en torno a los $500.000 millones.
“Es una decisión muy fuerte, nuevamente la Provincia haciéndose cargo con fondos propios de aquello que la Nación no atiende”, expresó Pastori tras consensuar el texto con sindicatos y bloques legislativos.
En paralelo, Safrán, detalló los resultados del programa provincial de asistencia financiera para empleados públicos y jubilados afectados por un elevado nivel de endeudamiento a través del Centro Único de Autorización de Descuentos (CUAD).
El mecanismo, que ya alcanzó a unas 3.000 familias (aproximadamente el 3% del total de agentes), permite reintegrar mediante un crédito a tasa cero el excedente cuando las cuotas de préstamos superan el 39% de los haberes netos.
Complementariamente, el Ejecutivo redujo al 30% el porcentaje máximo de afectación para nuevos créditos y habilitó canales de refinanciación con las entidades adheridas con el fin de ordenar el perfil de endeudamiento en el sector estatal bajo rigurosos criterios de administración fiscal.
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