La declaración de quiebra de Linor SRL, conocida este viernes a través del Boletín Oficial de Misiones, abrió una nueva etapa judicial para el aserradero de Azara, que cerró sus puertas en mayo y dejó a alrededor de 130 trabajadores sin empleo. Como informó más temprano PRIMERA EDICIÓN, la Justicia dispuso la incautación de los bienes de la empresa, el bloqueo de sus cuentas y la elaboración de un informe individualizado sobre las deudas laborales, medidas que buscan determinar el patrimonio disponible y establecer las acreencias de quienes quedaron afectados por el cierre.
Sin embargo, mientras avanza ese proceso, la situación cotidiana de los exempleados continúa siendo crítica. Algunos debieron trasladarse a otras provincias o cruzar la frontera hacia Brasil para conseguir trabajo, mientras que otros permanecen en Azara, donde sobreviven con el fondo de desempleo, asistencia alimentaria del sindicato y un comedor organizado por los propios trabajadores. La incertidumbre es especialmente profunda entre quienes tienen más de 40 o 45 años, que encuentran mayores dificultades para reinsertarse laboralmente y todavía están lejos de la edad jubilatoria.
Así lo describió Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), durante una charla con FM 89.3 Santa María de las Misiones. El dirigente explicó que el gremio mantiene el acompañamiento de los trabajadores tanto en sus necesidades básicas como en el seguimiento del expediente judicial, aunque reconoció que todavía no existe una perspectiva concreta sobre cuándo podrían cobrar los salarios y las indemnizaciones pendientes.
Báez reconoció que el impacto del cierre continúa presente incluso dentro de la organización sindical, donde todavía se refieren a los afectados como “los trabajadores de Linor. Parece que nunca terminamos de caer en la cuenta de que esa empresa cerró y que los trabajadores se quedaron sin empleo”. Esa relación se mantiene mediante la asistencia alimentaria y el acompañamiento a quienes no pudieron encontrar otra fuente de ingresos.
En ese contexto, contó que los exempleados organizaron un comedor en Azara para atender las necesidades de quienes permanecen desocupados. El sindicato colaboró con la compra de una olla y continúa aportando mercadería para que puedan preparar las comidas diarias. A esa asistencia se suman los módulos alimentarios que el gremio entrega de manera periódica, además de las gestiones relacionadas con problemas de salud de los afectados.
La situación se complicó todavía más con la finalización de las tareas de cosecha de yerba mate, una actividad a la que algunos habían recurrido como alternativa laboral después del cierre del aserradero. Según explicó Báez, durante septiembre se produjo una interrupción de esas labores, lo que dejó nuevamente sin ingresos a quienes habían conseguido sostenerse mediante trabajos temporarios.
En cuanto a la cantidad de personas que permanecen en la localidad, señaló que actualmente serían menos de la mitad de los aproximadamente 130 trabajadores afectados inicialmente. Parte de los más jóvenes logró trasladarse a Corrientes o Brasil para desempeñarse en actividades rurales, aprovechando una movilidad que resulta mucho más difícil para quienes tienen mayor edad y responsabilidades familiares.
“Hoy el trabajador que supera los 40 o 45 años ya es viejo para el mercado laboral”, lamentó Báez, al señalar que esas personas quedan en una situación particularmente vulnerable porque encuentran obstáculos para conseguir una nueva ocupación, pero tampoco reúnen las condiciones para acceder a la jubilación.
Cobran el fondo de desempleo, pero no les alcanza
El dirigente confirmó que los trabajadores pudieron completar las gestiones para acceder al fondo de desempleo y mantener la cobertura de la obra social maderera, luego de una serie de trámites realizados con la colaboración de ANSeS y la Municipalidad de Azara.
Según relató, los exempleados viajaban en grupos de aproximadamente 25 personas en un colectivo facilitado por el municipio para realizar las gestiones correspondientes. El sindicato intervino ante el organismo nacional para facilitar la atención y acompañó los trámites destinados a garantizar tanto la prestación económica como la continuidad de la cobertura sanitaria. Actualmente, de acuerdo con los montos mencionados por Báez, perciben alrededor de 300.000 pesos en concepto de fondo de desempleo, una suma que consideró insuficiente para cubrir los gastos básicos de una familia.
“Es una ayuda mínima. Hoy ese dinero ni siquiera alcanza para cubrir una canasta básica, ni llega al salario mínimo, vital y móvil”, sostuvo.
El problema no se limita a la falta de recursos económicos. Báez aseguró que el sindicato recibe llamados de personas que atraviesan situaciones de angustia y estrés debido a la imposibilidad de conseguir empleo, luego de meses de búsqueda sin resultados. Incluso recordó que, durante los momentos más difíciles del conflicto, hubo trabajadores que estuvieron al borde de quitarse la vida como consecuencia de las deudas y la desesperación que generó la pérdida de sus ingresos. Se trata de situaciones que, según su testimonio, reflejan la profundidad de las consecuencias familiares y personales del cierre.
“Perder un empleo no es simplemente perder un empleo y nada más. Detrás de eso está la familia, está el ingreso y está la remuneración que uno recibe a cambio de su trabajo. Esa remuneración tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades básicas. Cuando uno pierde el empleo, pierde todas esas cosas, pierde oportunidades y pierde tranquilidad”, reflexionó.
Tres quincenas, vacaciones e indemnizaciones sin pagar
Uno de los principales reclamos que persisten después del cierre está relacionado con las obligaciones laborales que Linor dejó pendientes. Báez explicó que la empresa adeuda las últimas tres quincenas de trabajo y las vacaciones, a lo que deben sumarse las indemnizaciones por despido. Aunque aclaró que el sindicato todavía no dispone de una cifra global definitiva. “Una cifra exacta no tengo. Hay trabajadores que tienen muchos años de antigüedad y seguramente hay sumas importantes para cobrar. Algunos posiblemente tengan que cobrar 15 millones de pesos, otros 10 millones. Todo depende de la antigüedad que tenían en la empresa”, detalló.
El dirigente precisó que había 99 trabajadores registrados y alrededor de 30 que desempeñaban tareas sin registración formal, una situación que también comenzó a derivar en acciones judiciales individuales. En ese sentido, defendió el derecho de quienes trabajaban en condiciones informales a reclamar las sumas que consideren correspondientes, independientemente de que la empresa no hubiera regularizado sus vínculos laborales.
“Un trabajador no registrado no deja de ser trabajador. Simplemente es discriminado por el sistema y por el empresario”, afirmó.
La resolución judicial conocida este viernes adquiere particular importancia para esos reclamos. El Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Posadas ordenó a la sindicatura confeccionar un informe laboral individualizado que determine, para cada trabajador, la existencia del vínculo, las fechas de ingreso y desvinculación, las remuneraciones adeudadas, las indemnizaciones y la clasificación de los créditos dentro del proceso de quiebra.
El relevamiento permitirá establecer las acreencias laborales y su tratamiento legal, aunque no garantiza por sí mismo el pago de las sumas reclamadas. Para ello será necesario determinar los bienes disponibles y avanzar con las etapas correspondientes del procedimiento concursal.
El sindicato acompaña el proceso judicial, pero no maneja los tiempos
Consultado sobre el acceso a la resolución de quiebra y el seguimiento de las actuaciones judiciales, Báez explicó que la mayoría de los trabajadores cuenta con el patrocinio del abogado del sindicato, aunque otros decidieron recurrir a profesionales particulares. Para mantenerlos informados, los exempleados organizaron un grupo de Whatsapp en el que el representante legal del gremio comunica las novedades del expediente y explica las medidas que se van adoptando.
El dirigente consideró que ese acompañamiento resulta fundamental para reducir la incertidumbre de las familias, especialmente después de varios meses sin respuestas concretas sobre el cobro de sus acreencias. “Nosotros pusimos a disposición al abogado del sindicato para que se ocupe de mantenerlos informados y acompañarlos en toda la parte legal. Creo que es importante que los trabajadores se queden tranquilos y sepan que cuentan con ese acompañamiento”, señaló.
También expresó que esperan que “la Justicia, en la medida de lo posible, vaya dictando resoluciones para que, de una vez por todas, los trabajadores puedan cobrar por lo menos lo que les corresponde. Eso es lo más justo y lo más digno”, aunque aclaró que los plazos del proceso ya no dependen del sindicato.
La situación de los bienes y la posibilidad de reabrir la planta
La orden de incautación de los bienes de Linor plantea otro interrogante: qué patrimonio permanece dentro del establecimiento y si eventualmente podría surgir una alternativa para recuperar la actividad productiva. Báez expresó su deseo de que aparezca una empresa interesada en retomar el funcionamiento de la planta y generar nuevamente puestos de trabajo, pero admitió que no tiene información concreta sobre posibles inversores ni sobre una propuesta de reactivación.
A esa incertidumbre agregó versiones sobre presuntos daños y robos ocurridos en el predio después de que dejara de funcionar el aserradero. Según indicó, durante un período hubo seguridad privada, pero posteriormente el lugar habría quedado sin vigilancia. “En un momento la empresa tenía seguridad, pero después ya no quedó nadie. Por lo que se comentaba, en el sector donde estaban las oficinas entraron personas y rompieron todo”, relató.
Además, recordó que en el establecimiento habían quedado camionetas y vehículos utilitarios registrados a nombre de la firma, por lo que el sindicato había solicitado la intervención de una escribana para realizar un inventario de los bienes existentes.
“Yo no sé qué puede haber quedado para incautar allá”, reconoció, al expresar su preocupación por la posibilidad de que el deterioro o la pérdida de elementos patrimoniales reduzcan los recursos eventualmente disponibles para afrontar las deudas.
Críticas a la administración de Linor
Más allá de las dificultades económicas que atraviesa la industria maderera, Báez sostuvo que el cierre de Linor estuvo relacionado principalmente con decisiones administrativas y empresariales que, a su entender, podrían haberse evitado. El dirigente afirmó que se trataba de un establecimiento con actividad productiva y una cartera importante de clientes, por lo que cuestionó que la empresa terminara cerrando después de acumular compromisos impagos y conflictos judiciales.
Según su descripción, quienes trabajaban diariamente en la planta pudieron observar que el aserradero mantenía un nivel importante de funcionamiento, una situación que, desde su perspectiva, no se correspondía con el desenlace posterior.
“Era una empresa que trabajaba bien, normalmente, que tenía una cartera de clientes muy importante. Cualquiera que pasaba frente a la planta podía verificar que era un aserradero que trabajaba normalmente y a pleno”, aseguró.
Báez señaló que el sindicato intentó intervenir para evitar el cierre y colaborar en la búsqueda de una salida, pero sostuvo que las propuestas no encontraron una respuesta favorable de la conducción empresarial.
“Todo lo que sucedió fue producto de una mala administración, sumada a caprichos de un empleador que se cerraba en sí mismo. Todo lo que intentamos hacer para ayudarlo y evitar que la empresa terminara en el abismo, evidentemente, no alcanzó”, cuestionó y recordó que Linor había recibido asistencia y créditos del Estado provincial, y criticó a empresarios que, según su apreciación, continuaron justificando las decisiones de Lorenzo después del cierre.
“No me sorprende que entre colegas, que quizás tengan la misma forma de actuar, se defiendan entre ellos. Pero acá nadie se preocupa por el trabajador, que fue el que más perdió”, sostuvo.
Báez reconoció que la actividad enfrenta problemas vinculados con los costos energéticos, la logística, la carga impositiva y la competencia con productos de Brasil y Paraguay. También mencionó las condiciones del tipo de cambio y la necesidad de recuperar el mercado interno, factores que, según sostuvo, condicionan la rentabilidad de numerosas empresas. Sin embargo, aseguró que después del cierre de Linor el sindicato no registró suspensiones masivas ni despidos generalizados en los aserraderos que recorre, una situación que consideró importante diferenciar del caso particular de la firma de Azara.
Explicó que, durante sus recorridas por los establecimientos, “vemos que en las playas, que es como llamamos al sector donde se descargan los rollos de madera, hay mucha materia prima. Vemos las chimeneas funcionando y los trabajadores trabajando”, a partir de esa observación, consideró que el sector continúa sosteniendo actividad pese a las dificultades generales, e incluso mencionó un aumento de las exportaciones, aunque sin aportar cifras específicas.
Para el dirigente, existe una diferencia entre empresas que enfrentan problemas económicos y buscan alternativas para preservar sus puestos de trabajo, y aquellas cuya administración termina profundizando una situación hasta provocar el cierre.
En algunos establecimientos, señaló, se están evaluando o negociando reducciones mínimas de jornada para evitar despidos, mientras otros continúan trabajando a pleno. “Tenemos empresarios que son ordenados, que están haciendo un esfuerzo enorme y que trabajan jornadas de 10 u 11 horas, a pleno, exportando. Obviamente, también reclaman que hay cosas que mejorar, pero en definitiva están trabajando”, afirmó.
Báez sostuvo que el gremio permanece en estado de alerta y mantiene recorridas permanentes por las empresas, tanto para acompañar los reclamos laborales como para evitar que el contexto económico sea utilizado como argumento para adoptar medidas que considera injustificadas.
Reclamo de políticas públicas para sostener la industria
Aunque diferenció la situación de Linor de la actividad que observa en otros aserraderos, Báez insistió en que la economía nacional atraviesa un escenario complejo y mencionó cierres empresariales registrados dentro y fuera de Misiones. Entre los ejemplos citó los casos de Dass, Musimundo, Fate y Granja Tres Arroyos, al señalar que los conflictos laborales y las dificultades de numerosas empresas muestran un panorama más amplio que el de la industria forestal.
No obstante, destacó que el sector maderero misionero todavía conserva establecimientos activos y capacidad productiva, por lo que consideró necesario impulsar políticas que permitan sostener y ampliar esa actividad. En particular, reclamó medidas nacionales destinadas a recuperar el mercado interno, mejorar las condiciones de competitividad y favorecer nuevas inversiones industriales que generen empleo.
Finalmente, sostuvo que “depende del Gobierno nacional, que tiene que tomar medidas. Hoy, desde mi punto de vista, el Gobierno no está prestando atención a algo tan importante como la industria, sino a unos pocos sectores que generan dólares”.
Así, mientras el gremio continúa reclamando medidas que permitan sostener la actividad maderera provincial, la situación de los exempleados de Linor sigue concentrando una de sus principales preocupaciones. Para quienes permanecen sin trabajo en Azara, la declaración de quiebra representa un avance en la tramitación judicial de sus reclamos, pero todavía no ofrece una respuesta concreta sobre el cobro de las deudas ni sobre la posibilidad de recuperar una fuente estable de ingresos.
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