A pocas horas de una nueva definición electoral que mantiene en vilo a la región, los programas de gobierno de los principales candidatos a la presidencia de Brasil exponen una profunda divergencia sobre el rol del Estado, la economía y la seguridad.
Mientras la propuesta de la ultraderecha -encabezada por Flávio Bolsonaro– apuesta por un liberalismo reformista y un drástico recorte del gasto público, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, defiende la continuidad de un Estado activo volcado a reducir las desigualdades sociales.
Modelo de país y el rol del Estado
Bajo el lema “Para que Brasil venza el atraso”, la plataforma de Flávio Bolsonaro adopta un perfil liberal-conservador estructurado en torno a la descentralización (“más Brasil y menos Brasilia”) y al concepto del “Tesouraço” (tijeretazo). Su plan busca achicar la administración federal, eliminar al menos diez ministerios, recortar cargos administrativos y trasladar la toma de decisiones hacia los mercados, las empresas y las familias. Asimismo, propone una reforma política y constitucional, incluyendo el fin de la reelección para cargos del Ejecutivo.
En la vereda opuesta, Lula da Silva prioriza la soberanía, la participación social y la reducción de las brechas de desigualdad. Su modelo descansa sobre una mayor capacidad de planificación estatal, respaldada por consejos públicos, presupuestos participativos y un rol activo de la inversión pública para direccionar la economía nacional.
Para ello, busca modernizar la administración mediante plataformas inteligentes de datos abiertos que faciliten la supervisión ciudadana del presupuesto y fortalezcan las instituciones de control.
Seguridad pública: entre el modelo Bukele y la coordinación federal
En materia de seguridad, las diferencias son tajantes y definen dos filosofías opuestas de combate al delito. Bolsonaro plantea una ofensiva punitiva directa inspirada en la experiencia de El Salvador.
Su programa propone declarar al PCC (Primeiro Comando da Capital), al Comando Vermelho y a las milicias como organizaciones narcoterroristas, bloquear sus activos y recuperar territorios dominados por el crimen. Además, impulsa bajar la edad penal de 18 a 16 años, establecer sanciones para adolescentes mayores de 14 años en delitos graves, construir cinco cárceles federales de máxima seguridad bajo el régimen de Nayib Bukele (generando medio millón de nuevas plazas penitenciarias en cuatro años), eliminar la progresión de régimen para condenados peligrosos e incorporar la castración química para agresores sexuales.
Por su parte, Lula rechaza el enfoque exclusivamente punitivo y aboga por una estrategia basada en inteligencia, cooperación institucional y asfixia financiera del crimen organizado. Propone la creación de un Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) coordinado a nivel nacional, destinando 10.000 millones de reales del Fondo Nacional de Inversión en Infraestructura Social para financiar equipamiento, tecnología e infraestructura policial en estados y municipios, e implementando el uso estandarizado de cámaras en los uniformes policiales.
Economía, cuentas y reformas: ajuste fiscal frente a neoindustrialización
El plano económico expone el choque de dos doctrinas económicas inconciliables. El espacio de Bolsonaro promete utilizar el ahorro fiscal derivado de la reducción de la estructura estatal para bajar impuestos al consumo y reducir la carga impositiva general, sustituyendo el actual marco fiscal por nuevas reglas para controlar el gasto. Busca también profundizar las privatizaciones, flexibilizar regulaciones y facilitar la importación de bienes de capital y tecnología.
En contraste, el proyecto de Lula impulsa una estrategia de “neoindustrialización” apalancada en la inversión pública y en la transición verde. Su objetivo es utilizar el Estado como impulsor de la transformación productiva a través de la Nueva Industria Brasil y la economía digital.
Para financiar el desarrollo sin descuidar las cuentas públicas ni el marco fiscal vigente (arcabouço fiscal), propone un esquema de progresividad tributaria que grave a los sectores de mayores ingresos, a las grandes cuentas y a las empresas en el extranjero (offshores).
Educación, salud y políticas sociales
En el terreno social, los contrastes vuelven a manifestarse en los instrumentos de gestión y los servicios públicos:
• Educación: Bolsonaro promueve el uso de vouchers educativos y para guarderías cuando falten plazas públicas, el método fónico de alfabetización, escuelas de tiempo completo y la expansión de las escuelas cívico-militares bajo el concepto de “escuela sin adoctrinamiento”. Lula, en cambio, apuesta por expandir las universidades y los Institutos Federales, fortalecer la educación técnica y científica, y consolidar el programa federal Pé-de-Meia para reducir el abandono escolar mediante incentivos financieros.
• Salud y Protección Social: Bolsonaro proyecta la digitalización con herramientas de inteligencia artificial como la asistente virtual ClarIA, convenios con hospitales privados a través de Brasil sem Fila para descomprimir las listas de espera, y ejes específicos de autonomía económica para mujeres (Brasil por Elas).
Lula focaliza sus esfuerzos en fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), ampliando la red pública y fomentando la producción nacional de medicamentos y vacunas mediante el Complejo Económico e Industrial de la Salud, apoyándose además en redes de protección como Bolsa Família y el sistema de asistencia social.
• Medioambiente y energía: En el ámbito ambiental y energético, el programa de Bolsonaro plantea combinar la preservación con la actividad económica mediante conceptos como “activo verde”, bioeconomía y el desarrollo de actividades sostenibles en la Amazonia, priorizando la seguridad energética con la ampliación de la explotación de petróleo, gas y el procesamiento de minerales críticos en territorio nacional.
Por su parte, Lula integra la transición hacia una economía de baja intensidad de carbono como eje central, comprometiéndose a mantener el combate a la deforestación con la meta de llegar a la deforestación cero en 2030, sin abandonar la soberanía energética y la explotación del petróleo presal y de minerales estratégicos.
Con estos dos proyectos contrastantes, los votantes brasileños definirán este domingo no solo el rumbo económico y social de la primera economía de Sudamérica, sino también el mapa político que imperará en la región durante los próximos años.
Intromisiones
La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil solicitó este jueves a la Policía Federal (PF) y al Ministerio Público Federal (MPF) investigar el posible uso de recursos del Gobierno de Estados Unidos para financiar organizaciones brasileñas que cuestionan la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF).
La solicitud fue presentada por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, al director general de la PF, Andrei Rodrigues, y al fiscal general de la República, Paulo Gonet, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
La AGU pidió identificar a los responsables de la eventual operación y a los destinatarios de los recursos en Brasil, así como determinar si el dinero fue utilizado para influir en el debate político e institucional del país.
La iniciativa se basa en una investigación publicada por el diario británico “The Guardian”, según la cual el Gobierno estadounidense destinó 1 millón de dólares (unos 5,2 millones de reales) al proyecto “Combatting Lawfare and Censorship in Brazil”.
Fuente: elpais.com
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