El Servicio Penitenciario Provincial de Misiones resolvió apartar preventivamente de sus funciones a una oficial vinculada al caso por el presunto desvío del dinero recaudado para la Estudiantina de la EPET 34. La mujer es pareja del tesorero de la comisión de padres, quien permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.
La directora general de la institución, Valeria Mereles, explicó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que la medida fue adoptada luego de tomar conocimiento públicamente de la situación y ante la aparición del nombre de la agente entre las personas relacionadas con la comisión.
“Nosotros nos enteramos a través de los medios de la situación que sucedió con la EPET. En esa comunicación mencionaba el nombre de nuestra compañera de trabajo” relató.
Ante ese escenario, señaló que decidieron otorgarle una licencia y separarla temporalmente de su cargo hasta conocer qué resolución adopta la Justicia. “Preventivamente tomamos la decisión de separarla a ella, de darle una licencia y esperar a una orden judicial, que es donde puede o no estar imputada en esta situación”, indicó.
Mereles aclaró que, hasta el momento, el Servicio Penitenciario no recibió ningún instrumento legal que determine que la oficial esté acusada formalmente dentro del expediente.
“Siempre que hay una orden, una causa sobre un personal, nos llega a nosotros primero. Por el momento no recibimos nada”, explicó. En ese sentido, remarcó que la decisión tomada tiene carácter estrictamente preventivo.
La funcionaria confirmó además que la integrante de la fuerza se presentó ante las autoridades penitenciarias una vez que el caso tomó estado público. Durante ese encuentro reconoció que su pareja es el tesorero de la comisión de padres y explicó cuál había sido su participación dentro del grupo.
“Ella se acercó directamente, habló con nosotros, confirmó que su pareja era el tesorero, que él sí está imputado, reconoció la situación de ser parte de esta comisión”, expresó Mereles.
La directora general agregó que tienen conocimiento de que la oficial se presentó a declarar ante la Justicia y que ahora permanecerán a la espera de cualquier comunicación formal proveniente del juzgado.
En caso de que exista una imputación u otra medida judicial, el Servicio Penitenciario deberá avanzar con un procedimiento interno. “Se tomarán otras medidas administrativas, que es lo que corresponde”, sostuvo.
Mereles detalló que, cuando un integrante de la institución aparece involucrado formalmente en una causa penal, se inicia un sumario administrativo y puede disponerse una suspensión.
“Cada vez que tenemos alguna orden judicial donde esté implicado algún personal, algún delito, alguna causa, se procede a un sumario administrativo y a la suspensión directamente”, explicó. Sin embargo, insistió en que ese paso todavía no corresponde porque no existe una notificación oficial.
La situación también podría tener consecuencias sobre la carrera de la agente si finalmente se determina alguna responsabilidad. Según explicó la titular del organismo, cualquier decisión dependerá exclusivamente de lo que establezca el proceso judicial.
“Todo lo que impute o alguna causa o lo que fuese judicial que involucre a un personal, sí, por supuesto, tiene consecuencias. Hay una ética profesional, nosotros somos una fuerza de seguridad, hay cuestiones que hay que sostener como empleado público y empleado más de una fuerza”, señaló.
No obstante, volvió a remarcar que actualmente no cuentan con documentación que permita adoptar una sanción mayor. “Preventivamente no podemos juzgarla, no podemos tomar otra medida hasta que no tengamos la indicación judicial”, manifestó.
Qué ocurrirá si no es imputada
Mereles explicó que, si la investigación determina que la oficial no tuvo participación en los hechos, podrá regresar a sus funciones dentro del Servicio Penitenciario.
“Si no tenemos nada judicial, se la va a reincorporar, porque nosotros no somos quienes juzgamos”, sostuvo.
En cambio, si aparecen elementos que deriven en una imputación, se abrirá el correspondiente sumario interno y posteriormente se evaluarán las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder de acuerdo con el resultado del procedimiento.
La directora general admitió además que el caso tuvo una fuerte repercusión dentro de la institución debido a que la mujer integra el cuadro de oficiales y es conocida por sus compañeros.
“La verdad que nos impactó a todos porque, al aparecer el nombre de ella, la conocemos. Ella pertenece al cuadro de oficiales, así que tiene una repercusión interna importante”, reconoció.
Finalmente, aseguró que el organismo aguardará el avance de la investigación antes de adoptar cualquier otra resolución. “Esperamos a ese proceso judicial como corresponde. Y ahí deberemos tomar las medidas disciplinarias”, concluyó.
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