La oposición negocia a contrarreloj para cerrar un dictamen sobre un proyecto destinado a aliviar la morosidad y limitar los abusos del sistema crediticio, mientras el oficialismo trabaja en una propuesta propia con la intención de sumar aliados y competir por las firmas.
El próximo martes se reunirá el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, fecha establecida a partir del emplazamiento aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto.
La definición será clave porque los distintos bloques buscan reunir las firmas necesarias para avanzar con sus respectivas iniciativas.
Desde La Libertad Avanza mantienen bajo reserva los detalles de su proyecto. Según trascendió, la propuesta oficialista se elaboraría sobre la base de un esquema que contempla advertencias a los usuarios, educación financiera, concientización y doble autenticación.
“Lo estamos haciendo con aliados”, señalaron fuentes del oficialismo de la comisión de Finanzas consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, aunque evitaron brindar mayores precisiones.
En la votación que permitió emplazar a las comisiones participaron 133 diputados, entre ellos representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
También acompañaron sectores que suelen votar junto al oficialismo, como Argentina Federal, que reúne a legisladores de Misiones y Salta, además de Elijo Catamarca, Independencia de Tucumán y la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad.
Luego de varias rondas de negociaciones, Unión por la Patria logró consensuar una propuesta interna y comenzó a presentarla ante referentes de los distintos bloques que acompañaron el emplazamiento.
“Estamos negociando con todos los que votaron el emplazamiento”, confirmó a Noticias Argentinas uno de los diputados de UxP que es autor de uno de los proyectos sobre la problemática.
Algunos bloques, como el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia, no cuentan con integrantes en ninguna de las dos comisiones, por lo que sus firmas no serán necesarias para el dictamen. Sin embargo, sus votos podrían resultar importantes si la iniciativa llega al recinto.
Uno de los principales articuladores es Pablo Juliano, autor de otra de las iniciativas presentadas sobre el tema. El diputado negocia no sólo en representación propia, sino también de un grupo de legisladores de Provincias Unidas, con llegada a sectores de la Coalición Cívica.
La negociación también incluye a Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y a Yolanda Vega y Bernardo Biella, de Argentina Federal.
Sus firmas son consideradas necesarias por la oposición para intentar alcanzar un dictamen de mayoría.
Qué propone el proyecto de la oposición
Según pudo conocer NA, el proyecto consensuado dentro de Unión por la Patria plantea declarar una emergencia por 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otro período igual.
La iniciativa establece un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras digitales, además de límites para gastos y comisiones.
También contempla planes de refinanciación de hasta 36 meses, de acuerdo con los montos de las deudas.
Uno de los puntos centrales es la eliminación del 100% de los intereses punitorios, aunque se mantendrían el capital adeudado y los intereses compensatorios.
La propuesta también aborda la diferencia de tasas que aplican las billeteras virtuales según el scoring de cada cliente. En ese punto, se plantea otorgar facultades a Defensa del Consumidor para exigir la apertura de los algoritmos, con el objetivo de transparentar esas prácticas.
La discusión legislativa se da en un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad crediticia. Según los datos citados en la cablera, alrededor de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora, definida como atrasos superiores a tres meses en el pago de deudas.
El fenómeno está relacionado con distintos factores, entre ellos el deterioro de los ingresos, el aumento del costo de los servicios y la desregulación de las tasas de interés.
El ratio de morosidad comenzó a crecer con fuerza hacia fines de 2024 y continuó en ascenso. Actualmente, el 12,8% de los créditos otorgados por bancos se encuentra en situación de mora, mientras que el porcentaje alcanza al 25% de los préstamos otorgados por billeteras y otras plataformas fintech.
Desde el oficialismo y sectores vinculados al sistema bancario sostienen que el crecimiento del crédito representa un dato positivo en un país que todavía presenta niveles de bancarización considerados insuficientes.
En cambio, desde la oposición y las organizaciones que representan a deudores ponen el foco en el destino de los préstamos. Según sus planteos, alrededor de dos tercios de los créditos se utilizan para afrontar gastos esenciales, como alimentos, servicios y medicamentos.
Uno de los datos utilizados para dimensionar el fenómeno es la evolución registrada entre febrero de 2024 y julio de 2026.
Durante ese período, la cantidad de créditos otorgados aumentó un 8%, mientras que la cantidad de personas en situación de mora pasó de 3,3 millones a 6 millones, lo que representa un incremento del 80%.
De esta manera, el crecimiento de la morosidad avanzó a un ritmo muy superior al de la expansión del crédito, un escenario que se encuentra en el centro de la discusión entre oficialismo y oposición.
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