El lunes 9 de febrero de este año se concretó el primer debate oral del año del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial. Fue condenado a 11 años de prisión un joven de 27 años acusado de aprovecharse de la vulnerabilidad de una prima de 14 años y abusar sexualmente de ella en dos ocasiones durante 2022, en una vivienda de la zona sur de esta capital.
Los jueces Martín Alejandro Rau, César Antonio Yaya y Augusto Gregorio Busse lo hallaron culpable, en coincidencia con el alegato del fiscal Vladimir Glinka.
Al finalizar el debate, familiares del joven juzgado protestaron con pancartas contra la decisión del tribunal e increparon al fiscal cuando se retiraba de la sala de audiencias de calle San Martín 1452.
Hasta este punto, el incidente no implicaba mayor relevancia más allá del estado de nervios frente al desenlace de la condena a prisión inmediata.
Lo que se transformó en una denuncia por “calumnias e injurias” fue la seguidilla de publicaciones en redes sociales y en algunos portales de noticias con acusaciones directas de corrupción que apuntaron principalmente al fiscal.
Además, se sumaron panfletos arrojados el 12 de febrero en el microcentro posadeño y la pegatina de afiches con el rostro de Glinka y frases como: “Glinka recibe plata por condenar a inocentes” y “¿Dónde están los demás funcionarios, dónde está el gobernador?”.
Conciliación y disculpas
El incidente se resolvió esta semana ante la jueza Correccional y de Menores 1, Marcela Leiva, quien intervino ante la querella y el pedido de juicio por “calumnias e injurias” presentado por el fiscal del TP-2.
Glinka presentó las denuncias contra dos primas, familiares directas del joven condenado por abuso sexual.
Las dos jóvenes, de 30 y 22 años, bajo el asesoramiento del defensor oficial Marcelo Ozuna, en la audiencia de conciliación previa, realizada la semana pasada, mostraron arrepentimiento sincero y genuino y pidieron disculpas de manera libre y voluntaria.
Ambas rectificaron sus dichos y afirmaron que “la totalidad de los dichos y manifestaciones en contra del señor fiscal no son ciertas, tanto sobre su persona como de su desempeño profesional”. También reconocieron que fueron expresiones “injustas, desacertadas y agraviantes”.
De acuerdo con las fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN, medio que se negó en su momento a publicar las afirmaciones de las encartadas, ellas reconocieron ante la jueza Leiva que no supieron “canalizar adecuadamente lo que sentían y que aquello las llevó a expresarse de una manera incorrecta, afectando injustamente la persona y la labor profesional del fiscal”.
Admitieron que las expresiones fueron “agraviantes por la exposición pública generada” y reiteraron el pedido de perdón “por todo daño, malestar o situación desagradable que le hubiera ocasionado, tanto en el plano personal como profesional”.
El fiscal aceptó las disculpas
Vale recalcar que el fiscal Glinka aceptó el arrepentimiento de las dos jóvenes. Aunque fue un poco más y reiteró que su querella no necesitaba ni buscaba una condena punitiva o un resarcimiento monetario.
Destacó que la intención fue defender su nombre y carga pública, frenar los escraches difamatorios y que no se necesitaba una probation o juicio a prueba.
Finalmente, la jueza Marcela Leiva sobreseyó a las acusadas una vez firmadas las declaraciones y los puntos asentados en el acta de conciliación.
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