Sin testigos, sin nuevas pericias y solo para la notificación del ingreso de dos pedidos para sumarse como “amicus curiae” de una organización social y una agrupación civil, transcurrió ayer la sexta jornada de juicio oral a Mariela Andrea Ramírez (48), empleada municipal acusada de dejar morir deshidratada y desnutrida a su hija de 15 años quien padecía síndrome de Rett, enfermedad neurodegenerativa. Hoy, los jueces, por mayoría, rechazaron ambos amicus curiae.
El único punto de debate que se resaltó en la audiencia, fue el que correspondió al rechazo del fiscal Vladimir Glinka a la incorporación como “amigos del tribunal” (“amicus curiae”) de una secretaria y una abogada del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.
Glinka enfatizó: “La presentación está tan mal hecha y redactada que parece fue realizada para ser rechazada, fue adrede y solo para sumar o conseguir micrófono en este debate o para conseguir ser conocidos”.
“Tendría que ir a la basura lo que dice este escrito”, se quejó el funcionario. “La fuente normativa no presenta antecedentes para el pedido, salvo que cita una acordada de la Corte Suprema de Justicia de 2004. Pero esa acordada no es vinculante acá, es vinculante a la Corte con su procedimiento. No es aplicable para este tribunal, no es una ley del Congreso tampoco y no hay adhesión de Misiones a esta acordada, solamente sirve como facultativa a la decisión del tribunal. No tiene fundamentos de derecho y en este caso no está bien intencionada. Además, de acuerdo al reglamento de la Corte, es extermporáneo este escrito. Solo buscan condicionar a los jueces y se desnaturaliza el rol del amicus, solo pueden expresar su opinión en defensa de un interés público o cuestión institucional”.
El fiscal instó de manera directa a los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Miguel Mattos: “A ustedes los obligan a despejar valoraciones de la fiscalía y se considere la declaración de la imputada y buscan pasarle la responsabilidad a ustedes si la rechazan”.
Amplió aún más directo: “No cualquiera puede ser ‘amicus curiae’, debe acompañar especialidad respecto al caso que se trata, en este no tienen ninguna fundamentación, pero no porque se hayan olvidado de indicarla sino porque no las tienen, no saben de esto. Por ejemplo, deben expresar en el pedido que no tienen vínculos con las partes, pero no lo manifiestan siquiera en el escrito, que encima no cumple tampoco con el mínimo de carillas que pide el reglamento de la corte”.
“No tiene personería, fundamento legal, nada, es un trabajo práctico muy malo y parece hecho con Chat GPT (inteligencia artificial). Lo presenta la secretaria y ella no puede, lo tiene que hacer el presidente de la organización (…) Lo presentaron a la marchanta”.
“Tiene once defectos formales la presentación, es una falta de respeto al Poder Judicial. No les importa el proceso de este caso, no les importa la imputada, tampoco Belén que está muerta hace catorce años. La única intención es poner el nombre incluso en el rechazo al pedido, lo hacen a propósito para hacerse conocidos, no les interesa nada, solo hacerse famosos a costa de nuestro trabajo, es un pedido aberrante porque no conocen nada de la causa”.
A la par, se dio un nuevo ingreso del mismo pedido realizado por otra agrupación civil, denominada “Muchachas”, en este caso encabezado por una fotógrafa eldoradense. Esta solicitud ingresó al terminar la jornada de juicio ayer y, de acuerdo a fuentes judiciales contactadas por PRIMERA EDICIÓN, fue planteada de idéntica manera a la que el fiscal Glinka rechazó.
Últimos pasos
En la reanudación del debate, en la séptima jornada, por votación de mayoría (de Bernie y Mattos), los jueces rechazaron los amicus curiae y dieron paso a la ampliación de indagatoria de la acusada este miércoles en el tribunal de calle La Rioja 1561.
Cumplido este punto, el fiscal desplegaría su alegato final. Lo propio sucedería después con la defensa de la encartada y restaría analizar si el veredicto se difiere hasta el jueves.
El expediente 49/2014 tiene como encartada a Mariela Andrea Ramírez quien llegó en libertad al inicio del debate -el lunes 3 de agosto- por un presunto delito ocurrido el 23 de julio de 2013.
Ramírez fue imputada por el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, por “abandono de persona agravado por el vínculo y por el resultante muerte” (artículos 106 y 107 del Código Penal Argentino y que prevén penas entre los cinco y quince años de prisión). Y desde 2017, a instancias de la exfiscal del TP-1, Liliana Mabel Picazo, este expediente aguardaba por una fecha de debate.
En la primera jornada del juicio, el fiscal Glinka solicitó la ampliación de la calificación al artículo 80, inciso segundo del CPA: “homicidio agravado por omisión”, que prevé una pena de prisión perpetua.
Glinka sostuvo que del relato de la acusada el primer día y del médico forense que realizó la autopsia, decidió modificar la calificación penal “por deliberada deshidratación y desnutrición de la menor, por privarla de agua y alimentos y dejarla morir”.
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