La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el gobierno de Javier Milei abrió un nuevo debate entre economistas, que advierten sobre un posible efecto contrario al buscado: que una norma diseñada para garantizar la independencia de la entidad termine generando nuevas vías de intervención política.
Las principales críticas no apuntan al principio de impedir que el Banco Central financie al Tesoro, una idea que cuenta con amplio respaldo entre economistas de distintas corrientes, sino al mecanismo elegido para proteger las reformas hacia el futuro.
Uno de los puntos más cuestionados es la duración del mandato del directorio del BCRA y las condiciones para remover a sus integrantes. El proyecto establece una exigencia de dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso para desplazar a las autoridades, una condición que, según analistas, podría dejar al directorio actual en funciones incluso ante un eventual cambio de gobierno en 2027.
La intención oficial es transmitir al mercado que la autoridad monetaria tendrá estabilidad institucional y continuará defendiendo la disciplina fiscal y monetaria más allá del resultado electoral. Bajo esa lógica, el Gobierno busca que la reforma contribuya a reducir el riesgo país al ofrecer garantías de continuidad en la política económica.
Sin embargo, algunos economistas sostienen que esa protección puede convertirse en una debilidad. La advertencia central es que una futura administración podría modificar la Carta Orgánica mediante una ley ordinaria con mayoría simple, mientras que, al mismo tiempo, resultaría extremadamente complejo remover a un directorio que demostrara una mala gestión.
La advertencia de Emilio Ocampo
Uno de los cuestionamientos más duros llegó de Emilio Ocampo, economista vinculado al diseño de la propuesta de dolarización que acompañó a Milei durante la campaña electoral.
Ocampo señaló que la reforma podría confundir independencia con inamovilidad y permitir que un directorio incompetente permanezca en funciones sin mecanismos efectivos de control.
Según su planteo, una autoridad monetaria podría cometer errores técnicos graves, deteriorar el balance del Banco Central o aplicar políticas equivocadas sin incumplir de manera explícita la nueva normativa. Para el economista, la independencia del organismo debería estar acompañada por mecanismos claros de responsabilidad y rendición de cuentas, indicó el sitio Iprofesional.
Como alternativa, propuso avanzar en una reglamentación del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso debe garantizar la defensa del valor de la moneda. Según esta visión, esa norma podría limitar la aprobación de presupuestos que dependan de la emisión monetaria.
Críticas por la asistencia indirecta al Tesoro
Otro de los cuestionamientos surgió del expresidente del Banco Central Martín Redrado, quien puso el foco en las formas indirectas de financiamiento al Gobierno que, según su análisis, continuarían vigentes.
Redrado señaló que la posibilidad de que los bancos integren sus encajes obligatorios con títulos públicos puede transformarse en una vía encubierta de asistencia al Tesoro. Además, sostuvo que una reducción de encajes permitiría recuperar el crédito al sector privado, una de las variables centrales para el crecimiento económico.
La crítica apunta a medidas aplicadas durante episodios recientes de tensión financiera, cuando el Banco Central aumentó los encajes y permitió que parte de ellos fueran cubiertos con bonos públicos para retirar liquidez del mercado y contener la volatilidad cambiaria.
También se cuestiona la posibilidad de que la autoridad monetaria continúe interviniendo en el mercado de capitales mediante operaciones con bonos ajustables por dólar, una herramienta que puede utilizarse tanto para moderar movimientos cambiarios como para facilitar el refinanciamiento de deuda del Tesoro.
El debate político y el riesgo país
La discusión sobre la reforma del Banco Central ocurre en medio de una creciente disputa política sobre la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.
Sectores cercanos al oficialismo consideran que las críticas opositoras y algunas declaraciones de dirigentes peronistas podrían aumentar la percepción de riesgo político entre inversores. En ese marco, mencionan el impacto de advertencias sobre una posible revisión de privatizaciones y cambios en las políticas económicas actuales ante un eventual cambio de signo político.
La preocupación del Gobierno es que esas señales generen incertidumbre y favorezcan una nueva búsqueda de cobertura en moneda extranjera durante los próximos ciclos electorales.
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