El mandato de los pioneros

Misiones tiene el color de la sangre detenida. Su tierra roja, que se pega a los calzados y a la memoria como un mandato ancestral, no sabe de abstracciones: sabe de surcos, de colonos y de fronteras. En el plano geopolítico del nordeste, donde el agua estratégica del Acuífero Guaraní late bajo el suelo y la mayor reserva de selva paranaense del país resiste el avance de la lógica extractivista, el mapa provincial se dibuja con un amplísimo porcentaje de límites internacionales. Allí, la soberanía no es un concepto abstracto de manual: es el aire que se respira y un activo estratégico insustituible.

En las últimas semanas, un proceso de reconfiguración comenzó a agrietar las viejas líneas de fuerza del poder local. El fenómeno revela que los tiempos del monólogo político y de la hegemonía unificada dieron paso a una etapa más compleja, marcada por la resistencia territorial, la defensa de la institucionalidad y una profunda reorganización política.

Estructuras sin anclaje real

El epicentro de este movimiento tiene nombre propio: Encuentro Misionero (EM), el sello partidario liderado por el diputado Carlos Rovira, exconductor de la renovación. Lo que originalmente fue proyectado como una arquitectura electoral destinada a redibujar una hegemonía vertical y centralizada se transformó, en cuestión de semanas, en una estructura que enfrenta una crisis temprana de representatividad.

La transmutación de la histórica identidad del Partido de la Concordia fue decidida bajo una lógica de cúpula, dejando de lado dos décadas de acumulación histórica, militancia territorial y logros de gestión compartidos.

La respuesta de las bases y de los cuadros de gestión intermedia no se hizo esperar. El cortocircuito dejó a la flamante estructura ante su principal desafío: construir legitimidad allí donde la política misionera tradicionalmente la encontró, en la cercanía territorial y en la validación cotidiana de las urnas.

El proceso tuvo más episodios significativos estos días con la renuncia del intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, quien además preside la estratégica Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), un nodo clave en la articulación del municipalismo misionero. A través de sus canales oficiales, Koth formalizó su renuncia indeclinable a EM.

En un documento de fuerte contenido político, recordó su militancia iniciada en 2010 dentro del Frente Renovador -el espacio que validó su representatividad primero como concejal y posteriormente como jefe comunal- y cuestionó directamente el mecanismo de afiliación automática e inconsulta de militantes, cuadros técnicos y funcionarios.

“De manera inconsulta también, me transformaron en afiliado de un nuevo espacio político con el que no me identifico porque no conozco y, por lo tanto, no me puede contener ni representar”, sentenció Koth. Con esas palabras, el intendente dejó en claro que su prioridad, en medio de un escenario macroeconómico adverso, es la gestión municipal y el bienestar de los vecinos de Puerto Rico, por encima de las disputas internas de las estructuras partidarias.

A esta postura se sumó el ministro de Cultura de la provincia, Joselo Schuap. Su alejamiento no constituyó un mero trámite administrativo, sino una definición política y programática. Al exhibir el telegrama de renuncia enviado al partido, Schuap evocó una histórica correspondencia de 1814 dirigida por Manuel Belgrano a Bernardino Rivadavia: “La Patria está antes que todos los intereses particulares”.

El funcionario explicó que sus diferencias no eran de forma, sino de fondo, y las vinculó con el tratamiento de la legislación sobre la extranjerización de tierras rurales. “Ante el tratamiento de la ley de extranjerización de las tierras, con todo respeto y siendo la hora indicada, decidí ya no formar parte de un espacio que acompañó demasiadas veces la venta de nuestra soberanía argentina, la salud, la educación pública y el respeto por la naturaleza como nuestra madre”, declaró.

Las decisiones de Koth y Schuap se inscriben en un proceso más amplio de reordenamiento y se suma a una larga lista de renunciamientos a EM. En ese contexto, el gobernador Hugo Passalacqua, acompañado por buena parte de su gabinete, intendentes y referentes territoriales, tomó distancia de la nueva estructura partidaria. El objetivo parece claro: concentrar los esfuerzos en la gobernabilidad y en la defensa del interés público misionero, en un contexto nacional cada vez más complejo.

Marcada de cancha en el escenario legislativo

La reconfiguración política también comenzó a expresarse en el terreno legislativo. La sociedad civil organizada y las plataformas políticas de base empezaron a auditar con mayor rigor el comportamiento de sus representantes en el Congreso de la Nación.

La Red de Mujeres, integrada por dirigentes del Movimiento por lo que Viene, realizó una contundente advertencia a los senadores nacionales por Misiones frente a la sesión en la que se preveía el debate del polémico proyecto denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”. La iniciativa -actualmente en suspenso- pretende modificar los límites establecidos por la Ley Nacional 26.737, que regula la protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. La norma establece límites a la titularidad extranjera y contempla una protección especial para los inmuebles ubicados en zonas estratégicas, entre ellos aquellos vinculados con cuerpos de agua de relevancia. “No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos tres votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, planteó la organización.

El documento del movimiento alertó, además, sobre las implicancias jurídicas y ambientales del proyecto y cuestionó la eventual incorporación de mecanismos de “silencio administrativo positivo”. Bajo ese esquema, la falta de respuesta estatal dentro de un plazo determinado podría habilitar automáticamente operaciones inmobiliarias de gran escala, incluso en zonas sensibles de seguridad de frontera. “La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó. La tierra misionera no está en venta. Y no se vota a ciegas”, concluyeron desde el espacio.

La observación confluyó con la posición de organizaciones sociales, agrarias y sindicales que también expresaron su preocupación por el impacto de la iniciativa. El mensaje político quedó planteado: cualquier legislador que vote en contra del resguardo de los recursos naturales de Misiones deberá asumir el costo político de esa decisión frente a una sociedad cada vez más atenta a la defensa de su territorio.

Sin embargo, pese a las advertencias que se evidenciaron en la provincia, la actitud de los legisladores de Encuentro Misionero en la última sesión del Senado de la Nación consumó el quiebre con los intereses del pueblo. Al dar quorum y manifestarse a favor de la ley de Extranjerización de Tierras, priorizaron -por orden directa del líder de ese espacio- un alineamiento que va directamente en contra de los intereses de la provincia.

Frente al nuevo estado de las cosas, la gran mayoría de los intendentes misioneros anticiparon que firmarán un documento conjunto de rechazo absoluto a la extranjerización de tierras, validando de manera contundente la conducción del gobernador Passalacqua.

En ese escenario es que se inscribe la renuncia, días atrás, de la diputada provincial Arabela Soler al partido Encuentro Misionero y a su bloque en la Cámara de Diputados. La legisladora explicitó su alineación con el gobernador Passalacqua y consideró un paso natural avanzar en la conformación de un nuevo bloque alineado al Ejecutivo. Soler buscará así evidenciar la grave falta de comunicación actual entre el Legislativo y el Ejecutivo, abriendo la puerta a otros legisladores disconformes con las dinámicas internas del rovirismo.

El impacto de la deserción nacional

Mientras las estructuras partidarias dirimen su nivel de representatividad, el gobernador Passalacqua busca anclar la legitimidad del Estado allí donde la provincia se expresa con mayor nitidez: el trabajo, la producción y la cohesión comunitaria.

Durante la celebración de San Vladimiro, santo patrono del municipio de Tres Capones, el mandatario emitió un mensaje de resistencia cultural y económica. “Veo en todo Misiones la voluntad misionerista de estar juntos, ese es el camino para salir adelante”, afirmó, tras rescatar el testimonio histórico del poblador Demetrio Vlademiro Demeterchuk como expresión de la fuerza productiva del ser misionero. En ese marco, el gobernador trazó una línea crítica respecto de la crisis que atraviesa Misiones bajo el signo de la situación macroeconómica y del centralismo fiscal de la administración nacional de Javier Milei.

Uno de los indicadores más dramáticos de esta coyuntura fue el cierre definitivo de la histórica planta industrial de calzados Dass en Eldorado. Tras dos décadas de funcionamiento y de ser uno de los principales motores del empleo formal y del consumo interno en el norte misionero, la firma cesó sus operaciones industriales. El cierre impacta directamente sobre el circuito de ingresos y sobre los multiplicadores de la economía local. La pérdida de una planta de esas dimensiones no se limita a sus trabajadores: alcanza al comercio, los servicios, el transporte y a toda la red económica que se construye alrededor del empleo formal.

El diagnóstico del mandatario provincial sobre la relación fiscal con la Nación fue categórico. Según su planteo, el Estado nacional retiene fondos específicos y reduce las transferencias no automáticas, mientras las provincias enfrentan mayores dificultades para sostener obras y servicios con recursos propios. El impacto de ese esquema también se observa en la infraestructura vial. El nuevo modelo de concesiones impulsado por la Secretaría de Transporte nacional contempla una nueva cabina de peaje en Paso de los Libres, sobre el corredor estratégico de las rutas nacionales 12 y 14, lo que podría incrementar los costos logísticos de las cadenas de valor misioneras.

A esto se suma la exclusión de Misiones del mapa de planificación de importantes obras de duplicación de calzadas, autovías y terceros carriles. “Estamos olvidados por el Gobierno de la Nación, no tiene una visión federal, solidaria ni una visión cristiana”, fustigó el gobernador.

Ingeniería de mitigación

Ante este escenario de intemperie fiscal y parálisis de la inversión pública federal, la administración de Passalacqua aplica un principio de pragmatismo: allí donde el Estado nacional deja una vacancia financiera o de infraestructura, la Provincia intenta intervenir con sus propias capacidades.

El despliegue se apoya en recursos provinciales, criterios de austeridad y una reorganización del gasto público orientada a sostener la equidad interna. “No queremos que algunos vayan bien para arriba y otros bien para abajo; queremos que sea parejo para todos los misioneros”, sintetizó el jefe del Ejecutivo.

Esta estrategia tiene dos vías principales. Por un lado, la gestión de financiamiento internacional ante el Banco de Desarrollo FONPLATA. Una misión técnica encabezada por Malena Araneo recorrió recientemente Posadas, Oberá y Jardín América para evaluar una línea de crédito multisectorial de aproximadamente 40 millones de dólares. Se trata de una operación destinada a terminar unas 70 obras de infraestructura social –vivienda, educación, agua y saneamiento- que quedaron paralizadas por la falta de financiamiento nacional. La iniciativa beneficiaría a más de 300.000 habitantes de la provincia y contaría con una tasa cercana al 2% anual.

Por otro lado, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) avanza con fondos propios en la finalización de las viviendas correspondientes a la Convocatoria 250 en Itaembé Guazú.

Mientras se despliegan estas acciones, el Gobierno provincial acelera una reingeniería institucional hacia el interior de la administración pública. Con la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el próximo ejercicio, el Ejecutivo ultima los detalles de una reforma del Estado de alcance significativo. El proyecto contemplará una reorganización orgánica y funcional que incluirá una reducción de la cantidad de ministerios, secretarías y organismos descentralizados, con el objetivo de compactar las líneas de mando y evitar duplicaciones de funciones.

Como parte de este proceso de modernización y control de gestión, también se prevén cambios en la conducción y el funcionamiento de organismos clave. Energía de Misiones (EMSA) y la Agencia Tributaria Misiones (ATM) constituyen dos de las reparticiones más emblemáticas de una lista más amplia de auditorías, reformas de procedimientos y posibles recambios de cuadros técnicos. El objetivo es dotar a esas entidades de mayor eficiencia operativa, transparencia tecnológica y capacidad de respuesta ante un escenario de recursos limitados.

Misiones asiste, de este modo, a un punto de inflexión en su dinámica contemporánea. La sociedad civil exige definiciones cada vez más nítidas en defensa de sus recursos naturales y económicos. El Gobierno provincial, por su parte, apuesta al realismo de la gestión, a la disciplina fiscal y a una reorganización de sus propias estructuras. Es, en definitiva, el regreso al mandato de los pioneros: la unidad interna, la austeridad administrativa y la defensa de la dignidad provincial frente a un centralismo que vuelve a mostrar sus límites.

La historia lo explica hasta el hartazgo, cuando el Estado federal se retira de sus funciones de bienestar y las provincias deben afrontar por sí mismas el costo de sostener la producción, la infraestructura y la cohesión social, a los misioneros les queda el resguardo de su propia organización colectiva y la certeza -forjada en la historia, en la tierra y en la frontera- de que la tierra colorada sabe perfectamente cómo resistir las heladas del invierno.