Con dos procedimientos desplegados por investigadores y efectivos especializados de la Policía de Misiones, fue detenida ayer en una vivienda del barrio San Gerardo de esta capital, la mujer de 40 años denunciada por al menos 17 víctimas de maniobras de estafas con las que se habría quedado de varios millones de pesos en concepto de “señas” para conseguir puestos de trabajo en el Estado provincial y municipal.
Entre las 11.30 y las 14.30 en jurisdicciones de las Unidades Regionales I y X se concretaron los allanamientos que permitieron el secuestro de un automóvil (Volkswagen Bora) y cuatro teléfonos celulares de presunta propiedad de la aprehendida por orden del juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor y el fiscal respectivo, René Germán Casals, quienes iniciaron el expediente por las seguidillas de estafas que coincidían en la misma victimaria.
Como lo publicó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN, el domingo 5 de julio y ayer, la sospechosa recurría a gente de escasos recursos y vulnerabilidad económica para ofrecerles contratos de trabajo en la Cámara de Representantes, Poder Judicial o en la Municipalidad de Posadas. Incluso puestos de planta permanente por montos de “gestoría” que partían desde el millón de pesos, en efectivo o mayormente a través de transferencias en billeteras virtuales o depósitos bancarios.
Por el delito de “estafa o defraudación” la detenida será indagada el próximo lunes por la mañana en el Juzgado de Instrucción 6 de la calle Buenos Aires casi avenida Roque Pérez.
Respecto a los allanamientos de ayer, los equipos de Guardia de Infantería y Grupo de Operaciones Especiales acompañaron a los investigadores de la comisaría Sexta (UR-I) donde se recibieron las primeras denuncias en marzo de este año. La mujer fue hallada en su vivienda de la chacra 128, barrio San Gerardo, en la zona oeste, y no opuso resistencia al arresto, confiaron las fuentes contactadas por este Diario.
Se espera ahora que los teléfonos celulares sean abiertos y analizados para confirmar o no, entre muchos puntos, los chats (algunos de ellos publicados ayer por PE) donde quedó expuesta la maniobra o ardid para timar a las víctimas.
El expediente se abrió con 17 denuncias que coincidían en marcar que la señalada ofrecía un contrato en planta permanente de la Muni por un millón de pesos.
La protagonista, vale recordar, en 2023 fue echada del Poder Judicial por acciones similares a las que obran ahora en el expediente que instruyen Balor y Casals.
La imputada ofrecía, según obra en el expediente, supuestas vacantes laborales en organismos estatales y le manifestaba a los interesados que se desempeñaba profesionalmente como abogada penalista, perito forense y trabajadora vinculada al Poder Judicial, afirmando además poseer contactos políticos y funcionales dentro de distintos organismos públicos provinciales.
La “gestora” generó confianza en las víctimas y los convenció de que poseía capacidad real para gestionar y garantizar ingresos laborales dentro de la administración pública (…) en la Dirección Provincial de Vialidad, en el IFAI (actual IMaC) y en la Municipalidad de Posadas.
Por un contrato de seis meses de duración con reanudación automática solicitó depósitos en su billetera virtual por 500.000 pesos. Mientras que para acceder a un puesto en planta permanente exigía desde un millón de pesos, dependiendo del monto del salario que obtendría con sus “gestiones influyentes”.
Una madre, vendió los animales que criaba en su chacra de Nemesio Parma. Pero también los materiales de construcción que tenía para apuntalar su vivienda y hasta solicitó préstamos y recurrió a familiares y conocidos para reunir las sumas requeridas. Así pudo juntar casi tres millones de pesos para la “seña” de los contratos, que no aparecieron.
La “gestora” solicitaba fotografías de documentos de los interesados, partidas de nacimiento, certificados de domicilio y demás documentación personal, simulando la existencia de procedimientos administrativos de incorporación de personal. En todos los casos, los pagos eran efectuados mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales a cuentas informadas directamente por la propia “mediadora”.
A medida que las víctimas depositaban o transferían el dinero, la denunciada les respondía con información relativa a supuestas fechas de ingreso, firmas de contratos, altas administrativas, intervenciones de recursos humanos y futuras liquidaciones salariales. Generó en todos los casos la expectativa concreta de que los ingresos a trabajar se encontraban próximos a firmarse.
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