La confirmación de 757 retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a nivel nacional comenzó a mostrar sus efectos concretos en distintos puntos del país. En Misiones, donde el organismo cumple un papel central en el acompañamiento a la agricultura familiar y en la generación de conocimiento para las economías regionales, la disminución de personal encendió señales de preocupación.
Así lo expresó Silvina Fariza, secretaria general de la Asociación del Personal del INTA (APINTA) e investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, quien describió un escenario de fuerte debilitamiento institucional tras la salida de decenas de trabajadores en la provincia.
Durante una entrevista concedida a FM de las Misiones, la dirigente sindical sostuvo que las consecuencias del proceso de ajuste comenzaron a sentirse con mayor intensidad en las últimas semanas. Según explicó, se trata de una política que se viene implementando desde hace más de un año y que ahora muestra su impacto en el territorio.
“Se está llevando adelante este plan de ajuste, este plan tan complicado y tan macabro que viene llevando adelante el Gobierno nacional”, afirmó.
Fariza remarcó que la situación resulta especialmente delicada en una provincia donde las agencias de extensión mantienen un vínculo permanente con los productores. Señaló que la tarea de los equipos técnicos trasciende el asesoramiento específico y muchas veces implica un acompañamiento cotidiano en las chacras.
“Muchas veces va más allá de la cuestión técnica, sino ese abordaje o ese acompañamiento que inclusive se traduce hasta en este entramado o en esta red de amistad”, indicó.
Respecto de las cifras, precisó que en todo el país los retiros alcanzan actualmente entre 850 y 900 agentes, aunque parte de los expedientes todavía debe ser evaluada por el Consejo Directivo Nacional. En ese contexto, cuestionó el carácter voluntario de las desvinculaciones.
“Lo vamos a poner entre comillas”, expresó al referirse a esa modalidad, y consideró que detrás de la medida existe “un plan de desempleo”.
En Misiones, el impacto alcanza a más de 40 personas distribuidas entre las estaciones experimentales de Cerro Azul y Montecarlo. De acuerdo con sus datos, solamente en Cerro Azul se registraron 23 adhesiones.
La dirigente explicó que entre quienes dejaron la institución hay cargos jerárquicos, profesionales, técnicos especializados y personal de apoyo con décadas de experiencia acumulada. Incluso mencionó que el director regional también optó por acogerse al programa.
Uno de los sectores más comprometidos sería el vinculado a los frutales tropicales, una actividad que tiene relevancia creciente dentro de la producción misionera. Según detalló, el profesional responsable del área se retiró y gran parte del equipo que lo acompañaba también dejó sus funciones.
“Es un área que quedaría sin agentes”, alertó.
La situación no se limita a esa actividad. Fariza señaló que uno de los principales técnicos formados para trabajar en yerba mate y té, dos de los complejos productivos más importantes de la provincia, también abandonó el organismo.
A ello se suma el caso de la mandioca, otro cultivo estratégico para numerosas familias rurales. La investigadora explicó que el profesional encargado de esa línea de trabajo igualmente se adhirió al retiro voluntario, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos en marcha.
Para la representante gremial, la pérdida de recursos humanos no solo afecta la capacidad de investigación, sino también la presencia territorial que históricamente caracterizó al INTA en Misiones. En ese sentido, advirtió que la asistencia brindada a pequeños agricultores podría resentirse en los próximos meses si no se revierten las decisiones adoptadas.
Fariza también hizo referencia al clima que atraviesan los trabajadores estatales y atribuyó parte del debilitamiento de las organizaciones sindicales al temor generado por el contexto nacional.
“A nosotros los gremios nos han superdebilitado”, afirmó.
Según relató, muchos empleados evitan participar de medidas de protesta por miedo a represalias o a eventuales consecuencias sobre su situación laboral. A su entender, esa realidad redujo significativamente los niveles de movilización registrados en años anteriores.
“Hay tanto temor que no sabemos cuál va a ser la represalia, que no sabemos lo que va a pasar”, sostuvo.
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