El proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional en distintos organismos públicos continúa avanzando y uno de los casos más significativos se registra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde ya se concretaron 757 retiros voluntarios como parte de un plan destinado a reducir la planta de personal en aproximadamente un 20%.
La nueva etapa del programa se materializó este lunes con la salida formal de 380 agentes, lo que elevó el total de desvinculaciones registradas en todo el país. La iniciativa es impulsada por la conducción del organismo y cuenta con financiamiento del Ministerio de Economía.
Actualmente, el INTA posee alrededor de 5.750 trabajadores distribuidos en estaciones experimentales, agencias de extensión rural y dependencias técnicas de todo el territorio nacional. La meta oficial es reducir esa estructura hasta alcanzar una planta cercana a los 4.500 empleados.
Para cumplir ese objetivo, las autoridades nacionales fijaron un cupo máximo de 1.200 adhesiones al programa de retiros voluntarios. De acuerdo con la información difundida, el organismo ya alcanzó más de la mitad de esa cifra y todavía analiza cerca de 150 expedientes adicionales.
La reducción de personal comenzó a sentirse especialmente en las agencias y estaciones experimentales ubicadas en el interior del país. En algunos casos, las bajas involucran a técnicos, especialistas y profesionales con larga trayectoria dentro de la institución.
Uno de los ejemplos mencionados es el de la agencia de extensión rural de Rauch, donde ocho trabajadores se acogieron al régimen de retiro voluntario. También se registraron nueve desvinculaciones en la Estación Experimental Agropecuaria de San Pedro, entre ellas la de su directora, la ingeniera agrónoma Laura Hansen.
La salida de personal en distintas dependencias genera preocupación en sectores vinculados a la producción agropecuaria, ya que el INTA cumple un rol central en materia de asistencia técnica, investigación, desarrollo genético, monitoreo de cultivos y transferencia de conocimientos hacia productores de todo el país.
Desde el organismo sostienen que el proceso forma parte de una reorganización administrativa orientada a optimizar recursos y reducir gastos dentro de la estructura estatal. Sin embargo, trabajadores y referentes del sector expresaron inquietud por el posible impacto que la disminución de recursos humanos podría tener sobre la capacidad operativa futura de la institución.
Según las condiciones establecidas para quienes adhieren al programa, los agentes reciben una compensación extraordinaria equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicio, abonada en un único pago. No obstante, la financiación contempla únicamente los años trabajados bajo la modalidad de planta permanente, mientras que las antigüedades acumuladas mediante contratos previos quedan sujetas a revisiones particulares.
Además, quienes aceptan el retiro voluntario quedan impedidos de reincorporarse a cualquier organismo de la administración pública nacional durante un período de cinco años.
El costo fiscal de la medida ya supera los 101.700 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones difundidas
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