El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó este miércoles una serie de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos, inversiones y bienes que no habían sido incluidos en presentaciones anteriores. La documentación fue presentada mientras avanzan investigaciones judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre las principales modificaciones figura la incorporación de aproximadamente 513.000 dólares que, según explicó el funcionario, provienen de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018. De acuerdo con la reconstrucción patrimonial presentada, las operaciones se efectuaron mediante ocho billeteras virtuales diferentes y habrían partido de una inversión inicial cercana a los 200.000 dólares.
La revisión también alcanzó las declaraciones impositivas realizadas desde 2020 e incluyó correcciones vinculadas al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti. Desde el entorno del funcionario señalaron que la reconstrucción buscó reflejar de manera integral la evolución económica familiar, incorporando inversiones, herencias, operaciones inmobiliarias y otros movimientos patrimoniales previos al ingreso de Adorni a la administración pública nacional.
Según trascendió, la decisión de realizar una revisión exhaustiva surgió luego de que distintas operaciones inmobiliarias concretadas durante 2025 quedaran bajo análisis judicial. Fuentes cercanas al jefe de Gabinete reconocieron que existieron errores y omisiones en las declaraciones originales, situación que obligó a recopilar documentación y reconstruir antecedentes patrimoniales para justificar el origen de los fondos utilizados en la adquisición de propiedades.
La documentación también incorpora bienes heredados tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni, padre del funcionario. Entre ellos se encuentra una propiedad en la ciudad de La Plata cuya venta le habría generado ingresos por unos 57.000 dólares, además de un lote en Daireaux que aportó cerca de 22.000 dólares. En conjunto, ambas operaciones representaron aproximadamente 79.000 dólares para el patrimonio familiar.
Otro de los aspectos incluidos en las rectificaciones corresponde a la vivienda adquirida en 2025 en el country Indio Cuá. Hasta ahora el inmueble figuraba exclusivamente a nombre de Angeletti, pero la nueva documentación lo incorpora como un bien compartido por ambos cónyuges en partes iguales. La operación habría demandado alrededor de 120.000 dólares y, según la explicación oficial, fue financiada mediante hipotecas sobre otra propiedad familiar.
Asimismo, se agregaron precisiones sobre las remodelaciones realizadas tanto en esa vivienda como en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. En este último caso, Adorni sostuvo que la compra se concretó mediante un esquema de financiamiento que incluyó un anticipo de 30.000 dólares y diversas herramientas crediticias para completar la operación.
Horas después de formalizar la presentación, el jefe de Gabinete defendió públicamente el origen de sus recursos. En una entrevista televisiva afirmó que tanto él como su esposa desarrollaron durante años actividades en el sector privado y sostuvo que gran parte de los ahorros familiares permanecieron fuera del circuito formal.
“Tenía que demostrar que no era chorro y la única forma era presentando la Declaración Jurada”, expresó. Además, aseguró que comenzó a invertir de manera significativa en Bitcoin en 2013 y remarcó que los fondos que hoy integran su patrimonio son anteriores a su incorporación a la función pública.
Adorni también cuestionó el tratamiento mediático que recibió el caso durante los últimos meses y señaló que fue objeto de una condena pública anticipada mientras avanzaban las actuaciones judiciales. Según indicó, la documentación presentada busca concentrar en una única reconstrucción todos los antecedentes patrimoniales familiares desde 2020 hasta la actualidad, incluyendo inversiones financieras, herencias, operaciones inmobiliarias y las correspondientes regularizaciones tributarias ante ARCA.
Las investigaciones continúan en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la Justicia deberá analizar la documentación presentada y determinar si las explicaciones brindadas por el funcionario resultan suficientes para justificar el origen y la evolución de su patrimonio.
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