El Gobierno nacional aprobó una nueva regulación para las pilas y baterías primarias que se fabriquen, importen, ensamblen o comercialicen en la Argentina. La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprueba nuevas especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación de conformidad para este tipo de productos, alcanzados por la Ley de Energía Eléctrica Portátil. El objetivo declarado es ordenar los estándares de calidad y seguridad aplicables a pilas y baterías primarias que se venden en el país.
A partir de la resolución, los fabricantes, ensambladores e importadores deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos mediante una declaración jurada de conformidad y el procedimiento de evaluación establecido en el anexo técnico. En tanto, distribuidores y comercios mayoristas o minoristas deberán contar con una copia simple de esa declaración, en formato papel o digital, para exhibirla cuando sea requerida.
Uno de los puntos más sensibles de la medida es que la Dirección General de Aduanas, dependiente de ARCA, queda dispensada del control documental o físico previsto por esta regulación. Además, la comercialización de los productos alcanzados no estará sujeta a la obtención de autorizaciones previas, salvo que una disposición posterior establezca lo contrario.
El cambio se inscribe en una línea de simplificación administrativa y desburocratización de controles previos. Sin embargo, también plantea una discusión de fondo: cómo asegurar el control ambiental y de seguridad de productos potencialmente contaminantes cuando parte de la carga se traslada hacia declaraciones de conformidad, controles posteriores y responsabilidades de fabricantes, importadores y comercializadores.
La resolución prevé sanciones en caso de incumplimiento, de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, el régimen de lealtad comercial y otras normas aplicables, sin perjuicio de responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.
Además, establece que las pilas y baterías alcanzadas que incumplan determinadas exigencias técnicas serán consideradas residuos peligrosos en los términos de la Ley 24.051, lo que las somete a los procedimientos y penalidades previstos en esa normativa.
La medida también deroga resoluciones anteriores del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vinculadas a la importación y certificación de estos productos. Los certificados emitidos bajo el régimen anterior mantendrán su vigencia por el plazo establecido en cada caso, mientras que los organismos de certificación y laboratorios habilitados conservarán su condición por 12 meses, período durante el cual deberán adecuarse a los nuevos esquemas.
El marcado de conformidad será exigible a partir de los 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que la norma comenzará a regir desde el séptimo día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial.
En términos ambientales, la regulación tiene impacto porque las pilas y baterías contienen componentes que, si no cumplen con los límites permitidos o no son gestionados adecuadamente, pueden representar riesgos para la salud y el ambiente. En términos comerciales, modifica obligaciones para importadores, fabricantes, distribuidores y puntos de venta.
“Pantallazo”
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