La brecha que separa las planillas Excel del Ministerio de Economía de las veredas de la realidad argentina es cada vez más grande. Todo sucede al mismo tiempo, todo atravesado por paradojas crueles. Allí donde el relato oficial celebra victorias macroeconómicas abstractas y récords de consumo calculados en el vacío, la cotidianeidad devuelve postales de resistencia, bolsillos exhaustos y un entramado social crujiendo bajo el peso de una austeridad que dejó de ser quirúrgica para volverse sistémica. No es una sensación, como pretendía el viejo cinismo político; es la densa acumulación de datos que la propia realidad civil se encarga de constatar.
El emergente más rotundo de este malestar tuvo su epicentro el martes. Una marea humana a nivel nacional colmó las principales ciudades bajo una consigna que interpela al núcleo institucional: “Milei, cumplí la ley”. La Marcha Federal Universitaria no fue, como intentó simplificar el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, al tacharla de “acto opositor”, un mero capricho partidario. Fue la respuesta orgánica de una comunidad académica -autoridades, profesores y estudiantes- que ve cómo el financiamiento del sistema universitario nacional ingresó en una fase críticamente terminal.
Los números que maneja el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presidido por Franco Bartolacci, eximen de mayores comentarios: desde la asunción de Javier Milei en 2023, las transferencias presupuestarias para las casas de altos estudios sufrieron una caída acumulada del 45,6%. En ese mismo pantano quedaron atrapados los salarios docentes y no docentes, que perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo al recibir aumentos del 147% frente a una inflación devoradora del 293%.
Mientras el Ejecutivo proyecta para este año 4,8 billones de pesos, las universidades advierten que el mínimo indispensable para no apagar las luces es de 7,2 billones. El conflicto, entonces, es político y legal: el Congreso rechazó los vetos e intentos de derogación, y aunque los tribunales dictaron cautelares en dos instancias a favor de las universidades, el Ejecutivo optó por la resistencia y apeló ante la Corte Suprema de Justicia. Al decidir qué leyes cumple y qué sentencias acata, el Palacio de Gobierno no solo congela los presupuestos; erosiona el pacto democrático fundamental.
Mientras en las calles se marchaba en defensa de un instrumento histórico de movilidad social ascendente, los pasillos del Congreso de la Nación ofrecieron una coreografía de la obscenidad. El diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, Manuel Quintar, consideró oportuno estacionar en la cochera de la Cámara baja una Tesla Cybertruck ploteada con el logo partidario. El vehículo, una mole eléctrica de más de 100.000 dólares que carece de representación oficial y debe sortear aranceles, tasas aduaneras y el impuesto al lujo, funcionó como una metáfora perfecta del desconectado universo del poder.
La respuesta del legislador en su cuenta de X -“A mi nombre, con la mía…”- no hizo más que profundizar el agravio estético. Aunque desde su propia vereda ideológica se apresuraron a pedirle que retirara la pick-up del predio para mitigar la incomodidad interna, el daño simbólico estaba hecho.
El timing no pudo ser más salvaje: en la misma semana, la administración central aplicó un recorte de casi 2,5 billones de pesos en el gasto presupuestado para garantizar el superávit exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La motosierra estatal, lejos de rozar a la mítica “casta”, podó los recursos destinados a la educación, la salud, los programas de prevención del cáncer, el INCUCAI y el Instituto Malbrán.
Este contraste borra las fronteras de la austeridad libertaria, arrastrando además el desgaste de un gabinete salpicado por causas judiciales, como la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras la ciudadanía procesa el desguace sanitario y educativo, la narrativa oficial exhibe excentricidades de importación privada con miras a futuras campañas electorales.
Es que la crisis de ingresos ya no se puede disimular con discursos de trinchera. El informe elaborado por la Fundación Pensar y Casa Tres expone una radiografía desoladora del consumo familiar: el 56% de los encuestados señala que el sueldo no le alcanza, un pico histórico para la presente gestión. Lejos del bienestar generalizado que el oficialismo declama al analizar el consumo masivo de manera agregada -donde conviven la compra de pan con los viajes al exterior y los bienes durables de sectores ABC1-, la economía del ciudadano de a pie es una economía de la resignación.
El 68% de los argentinos debió recortar actividades esenciales o habituales: el ocio (65%), las primeras marcas (56%) e incluso la indumentaria (53%) cayeron del presupuesto familiar. Más grave aún: el 59% se ha atrasado o dejó de pagar obligaciones básicas como la tarjeta de crédito (42%) y las tarifas de servicios públicos (39%).
La explicación de esta asfixia se encuentra en la caída libre del salario real del sector registrado, que retrocedió un 8,9% entre diciembre de 2023 y febrero de este año, ensañándose con el sector público (18,3%). Con un salario mínimo que sufrió una contracción real del 39% -alcanzando su nivel más bajo en dos décadas- y jubilaciones promedio que cayeron un 24%, el ingreso disponible de los hogares se desplomó un 2,1% solo en febrero. A esto se suma una precarización laboral subterránea: si bien se crearon puestos netos, la economía destruyó 266.000 empleos registrados mientras crecieron en 379.000 las ocupaciones informales y no asalariadas, golpeando con fuerza a la industria, el comercio y la construcción.
Ante este panorama de parálisis en la economía real -donde los despachos de siderurgia, la venta de autos y la recaudación siguen sumergidos en el rojo-, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo se vio obligado a incurrir en una serie de herejías teóricas para un gobierno que dice sentir asco cuando el que interviene es el Estado.
Aunque Caputo evita en la televisión pública la fatídica terminología de los “brotes verdes”, el Palacio de Hacienda sabe que necesita reactivar la actividad para sostener las expectativas de reelección del proyecto político el año entrante. Por eso, en las últimas semanas asistimos a un despliegue de pragmatismo económico que contradice el manual del libre mercado puro: se bajó el piso del corredor de tasas al 20% vía pases pasivos para aliviar el costo empresarial, se redujeron encajes bancarios para inyectar liquidez al sistema, el Banco Nación lanzó líneas de crédito al 0% para maquinaria agrícola y al 20% para capital de trabajo PyME, se intervino directamente en la importación de gas invernal a través de la estatal ENARSA y se otorgó una bonificación imprevista del 25% para usuarios subsidiados.
Sin embargo, para analistas como Martín Redrado y Carlos Pérez (directores de la Fundación Capital), estas medidas lucen insuficientes ante un sesgo macroeconómico contractivo. Con paritarias que el Gobierno intenta encorsetar con un techo del 1% mensual -por debajo de una inflación que promedia el 3%, o más, dependiendo de a quien se le pregunte-, los drivers de crecimiento genuino no aparecen. El consumo no tracciona y la revitalización del crédito familiar choca contra una muralla insalvable: la morosidad.
El endeudamiento ya no es una estrategia de progreso, sino un mecanismo de supervivencia. Los datos provistos por la consultora EcoGo encienden alarmas que el sistema financiero tradicional no solía registrar hasta hace unos años: la participación de los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario se cuadruplicó en apenas un año, pasando del 2,6% al 10,8%. En términos absolutos, el stock de deuda incobrable ascendió a la astronómica cifra de 1,542 billones de pesos. La irregularidad total de esta cartera -destinada en un 92% a los hogares- trepó al 27,5%. En las familias de nivel socioeconómico bajo, el índice de incumplimiento escala al drama del 34%. El ahogo es transversal: la mora bancaria de los hogares tocó el 11,6% (máximos desde 2020), arrastrada por los intereses de tarjetas de crédito y préstamos personales que promedian tasas nominales anuales del 68,3%.
El informe de la consultora 1816 describe un escenario donde el peso total del endeudamiento doméstico equivale al 145,4% de una masa salarial mensual, una cifra que se estira al 161% cuando se pone la lupa sobre los trabajadores informales y cuentapropistas. En este ecosistema de asfixia, firmas de financiamiento de consumo como Tarjeta Naranja (con el 37,7% del mercado) y Mercado Libre (14,8%) operan como el último fusible de contención de una sociedad que financia el día a día a tasas de usura.
El corolario de este escenario no pertenece al terreno de las percepciones subjetivas, sino a la dura ciencia de las mediciones. La última encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein destruye el mito de la paciencia incombustible. El 68% de los argentinos afirma que su situación económica personal y la del país están peor que hace un año, registrando un pesimismo que creció cuatro puntos en el último mes y que empieza a perforar las bases de su propio electorado: el optimismo entre los votantes de La Libertad Avanza cayó al 67%, mientras que en la vereda de Fuerza Patria el rechazo es unánime (97%).
Se puede maquillar un índice, se puede prorrogar un pago o subestimar una movilización en la plaza pública, pero no se puede gobernar indefinidamente un país donde la clase media se financia para comer, las universidades litigan para subsistir y los representantes del pueblo exhiben camiones del futuro en las cocheras del presente. La realidad material, persistente e incómoda, terminó por quebrar el cristal del laboratorio libertario.
¡Ah! Posdata: ellos celebran que la inflación se desaceleró después de diez meses, de 3,4% a 2,6%, pero cabe la aclaración: en apenas cuatro meses quemaron su meta inflacionaria para todo el 2026.
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