La licitación impulsada por el gobierno de Javier Milei para la concesión de la Vía Navegable Troncal volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitiera un nuevo dictamen en el que advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en el proceso.
El informe, remitido a la fiscalía federal en el marco de una causa penal ya existente, apuntó contra distintos aspectos de la licitación vinculada al dragado, balizamiento y cobro del peaje de la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay. Entre las principales observaciones figuran la ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, posibles direccionamientos en la evaluación de ofertas, deficiencias en la cláusula anticorrupción y falencias jurídicas dentro de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
La apertura de sobres con las ofertas económicas está prevista para el próximo 19 de mayo. En carrera quedaron dos grupos empresarios de origen belga. Por un lado, Jan De Nul asociada con Servimagnus, vinculada al Grupo Román, y por el otro DEME junto a firmas estadounidenses.
El organismo encabezado por Sergio Rodríguez sostuvo que varias de las irregularidades ya habían sido señaladas en un dictamen anterior emitido en febrero de 2025, antes de que el Ejecutivo nacional decidiera anular el primer llamado licitatorio.
En uno de los párrafos más duros del documento, la procuraduría advirtió que “surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, situación que podría derivar en reproches administrativos e incluso penales.
Uno de los cuestionamientos más importantes estuvo relacionado con la falta de una evaluación ambiental integral. Según la PIA, el procedimiento avanzó sin la intervención correspondiente del área nacional de Ambiente y utilizando documentación considerada insuficiente o desactualizada.
El dictamen recordó además observaciones previas realizadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que había advertido que el estudio ambiental utilizado por el Gobierno no analizaba los efectos acumulativos de casi tres décadas de intervención sobre el río Paraná.
También quedaron bajo análisis las audiencias públicas realizadas durante el proceso. Para la procuraduría, no se garantizó un intercambio adecuado de opiniones ni condiciones equitativas para todos los participantes, lo que afectaría el debido proceso administrativo.
Otro punto sensible fue la actuación de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Según el organismo investigador, los dictámenes emitidos por el área fueron “meramente formales” y evitaron abordar cuestiones jurídicas centrales del expediente.
La PIA además cuestionó cláusulas que permitirían la cesión de contratos a terceras empresas que originalmente no hubieran cumplido con los requisitos técnicos exigidos en la licitación, algo que consideró contrario al principio de igualdad entre oferentes.
En relación con la cláusula anticorrupción, el dictamen observó que el pliego contempla compensaciones económicas para el concesionario aun en escenarios donde el contrato pudiera declararse nulo por irregularidades. Para la procuraduría, ese punto debilita los mecanismos de transparencia y contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción.
(Fuente: El Destape)
