Más de 150 organizaciones vinculadas a la salud mental, los derechos humanos, la discapacidad y el ámbito académico enviaron una carta a senadores nacionales para expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 impulsado por el Poder Ejecutivo. En el documento, las entidades sostienen que la iniciativa es “manifiestamente inconstitucional e inconvencional” y advierten que representa un retroceso hacia modelos de atención psiquiátrica basados en la institucionalización.
Entre los firmantes aparecen organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), REDI, asociaciones profesionales, universidades nacionales y colectivos de usuarios y familiares de personas con padecimientos mentales. También figuran instituciones y espacios de Misiones, como la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, el Colectivo Memoria y Salud Mental Misiones, el CePMi y la Red de Salud Mental Comunitaria de Misiones.
El eje central del cuestionamiento apunta a que la reforma enviada por el Gobierno habilitaría nuevamente un modelo centrado en hospitales psiquiátricos, en contraposición al enfoque comunitario que establece la legislación vigente desde 2010. Según la carta, el proyecto “elimina la prohibición de crear centros psiquiátricos, suprime la obligación de sustituir los existentes y habilita expresamente la internación en dichos espacios”.
Las organizaciones sostienen que existen consensos científicos internacionales que señalan que la atención integrada en hospitales generales y dispositivos comunitarios ofrece mejores resultados sanitarios y sociales que la institucionalización prolongada. En ese sentido, remarcaron que este tipo de abordajes reduce recaídas, favorece vínculos familiares y sociales y mejora la accesibilidad al sistema de salud.
Además, alertaron sobre los riesgos asociados a los modelos manicomiales. En el documento se menciona que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas han advertido reiteradamente sobre prácticas coercitivas, aislamiento y vulneraciones de derechos dentro de instituciones psiquiátricas tradicionales.
Otro de los puntos cuestionados es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. Según las organizaciones, el proyecto amplía los supuestos de internación y permitiría medidas basadas en riesgos hipotéticos o antecedentes previos, incluso sin una situación actual de peligro inminente.
En paralelo, remarcaron que muchos de los problemas actuales del sistema de salud mental no derivan de la ley vigente sino de su falta de implementación. Señalaron que hoy existe escasez de dispositivos comunitarios y que nunca se destinó el presupuesto previsto por la normativa nacional para el área de salud mental.
La carta también reclama que el Senado convoque a audiencias públicas y garantice la participación de usuarios de servicios de salud mental y organizaciones de discapacidad en el debate legislativo, tal como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“El Congreso tiene en sus manos una decisión neurálgica para el bienestar de la población”, advirtieron las entidades, que pidieron evitar “el retorno de un modelo obsoleto” y sostuvieron que avanzar con la reforma podría abrir conflictos judiciales y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Principales diferencias entre la normativa actual y la propuesta oficial
Objeto de la ley
- Ley vigente: Enfoque centrado en la protección de derechos y enfoque comunitario de la salud mental, con eje en la desmanicomialización y abordajes comunitarios.
- Proyecto de reforma: Se amplía el alcance e incorpora prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria. Refuerza la noción de intervención sanitaria activa, no solo de protección de derechos.
Enfoque general
- Ley vigente: Predominio de un enfoque interdisciplinario con fuerte perspectiva social y de derechos humanos. La psiquiatría es una disciplina más dentro del equipo.
- p`royecto de reforma: Se refuerza el enfoque técnico-médico, con mayor peso de la intervención sanitaria. La psiquiatría pasa a ocupar un rol central en evaluación, diagnóstico e internaciones.
Equipos interdisciplinarios
- Ley vigente: Equipos interdisciplinarios sin jerarquía explícita entre disciplinas. No exige obligatoriamente psiquiatras en todas las instancias.
- Proyecto de reforma: Obligatoriedad de que los equipos incluyan al menos un médico psiquiatra. Requisito reiterado para evaluación, dictámenes de internación, inspecciones y conducción.
Adicciones
- Ley vigente: Consideradas parte de la salud mental, con énfasis en abordajes comunitarios y sociales.
- Proyecto de reforma: Mantiene la integración, pero refuerza el abordaje clínico. Habilita dispositivos específicos definidos por la autoridad de aplicación, incluidos internaciones.
Concepto de riesgo
- Ley vigente: Internación involuntaria solo ante “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Interpretación restrictiva del riesgo.
- Proyecto de reforma: Sustituye el concepto por “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”.Formulación más amplia y flexible, menos acotada al momento inmediato.
Internaciones involuntarias
- Ley vigente: Consideradas recurso absolutamente excepcional. Criterios estrictos y alta carga probatoria. Tendencia a privilegiar el abordaje ambulatorio aun frente a cuadros complejos.
- Proyecto de reforma: Se mantienen como excepcionales, pero se amplían los supuestos de procedencia. Se habilita considerar antecedentes, hechos previos y evolución previsible sin tratamiento. Se introduce un criterio “situacional”.
Firma y validación de internaciones
- Ley vigente: Requiere evaluación interdisciplinaria, sin exigencias rígidas sobre especialidades.
- Proyecto de reforma: Exige dos profesionales de distintas disciplinas, uno psiquiatra. Habilita internación decidida por un único médico en casos excepcionales, con revalidación en 24 horas.
Control judicial
- Ley vigente: El juez controla, pero el sistema prioriza la intervención de órganos de revisión. El margen judicial para ordenar internaciones es acotado.
- Proyecto de reforma: Refuerza la intervención judicial. El juez puede ordenar una internación involuntaria si el sistema de salud se niega pese a cumplirse los requisitos.
Altas y externaciones
- Ley vigente: Fuerte tutela externa para evitar prolongaciones indebidas. Tendencia a judicializar decisiones sensibles.
- Proyecto de reforma: El alta y la externación son facultad del equipo de salud. Se habilitan medidas protectorias post-alta por hasta seis meses.
Hospitales psiquiátricos
- Ley vigente: Orientación a cerrar o reconvertir hospitales monovalentes. Prioridad absoluta de hospitales generales.
- Proyecto de reforma: Reconoce expresamente hospitales especializados en psiquiatría y clínicas privadas. Los incorpora formalmente a la red sanitaria.
Inspecciones y derechos humanos
- Ley vigente: Inspecciones amplias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Participación diversa sin especialización obligatoria.
- Proyecto de reforma: Inspecciones en ámbitos de salud mental solo por equipos interdisciplinarios con psiquiatra obligatorio. Cambia el perfil del control externo.
Código Civil y Comercial
- Ley vigente: Mantiene coherencia con el concepto restrictivo de internación involuntaria.
- Proyecto de reforma: Modifica artículos clave para alinearlos con el nuevo concepto de riesgo grave. Amplía excepciones al consentimiento informado en emergencias.
Clivaje central
- Antes: predominio de la lógica de derechos, desinstitucionalización y control externo del poder médico.
- Ahora: fortalecimiento del poder sanitario, del criterio médico-psiquiátrico y de la capacidad de internar ante situaciones de riesgo ampliadas.
La carta completa aquí👇
