La morosidad de los hogares volvió a escalar en marzo y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, en un contexto donde el financiamiento continúa caro y el ingreso de las familias no logra acompañar el ritmo de los precios. Según un informe de la consultora 1816 basado en datos del Banco Central, la irregularidad en los créditos trepó al 11,5%, por encima del 11,2% registrado en febrero, y marcó un nuevo máximo desde 2004.
El deterioro no es un fenómeno aislado ni reciente. La suba se sostiene desde hace 17 meses y refleja un cambio profundo en la dinámica del endeudamiento. En octubre de 2024, el nivel de mora era de apenas 2,5%, lo que evidencia un salto significativo en un período relativamente corto. El informe también advierte que, de las 30 entidades financieras más importantes —que concentran la mayor parte de los préstamos—, en 24 aumentó la irregularidad durante marzo.
Desde el Gobierno nacional atribuyen parte de esta situación a decisiones tomadas en un escenario previo. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que muchas personas se endeudaron a tasas elevadas con la expectativa de que la inflación redujera el peso real de las cuotas. “La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”, explicó. En la misma línea, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había señalado que una primera ola de créditos se otorgó “a ciegas”, en un contexto de cambios bruscos en las tasas de interés.
Más allá de las explicaciones oficiales, los datos muestran que el problema se expande en un escenario económico desigual. Si bien algunos indicadores de actividad presentan mejoras, ese crecimiento no alcanza a amplios sectores de la población, que enfrentan dificultades para sostener sus compromisos financieros. La pérdida de poder adquisitivo aparece como uno de los factores centrales: los salarios registrados aumentaron 1,8% en febrero, mientras que la inflación fue del 2,9%, lo que marcó la sexta caída real consecutiva.
Frente a este panorama, el Gobierno inició conversaciones con entidades bancarias para buscar alternativas que alivien la carga sobre los deudores. Caputo indicó que se planteó la posibilidad de extender plazos y reducir tasas, aunque aclaró que se trata de decisiones que dependen de cada institución. Algunas ya avanzaron en ese sentido, mientras que otras mantienen condiciones más rígidas.
En paralelo, el fenómeno también impacta en el financiamiento no bancario. Las billeteras virtuales, que ganaron protagonismo en los últimos años, registraron un aumento de la morosidad que superó el 30% en marzo. Este segmento representa cerca del 17% del total de préstamos a familias y muestra niveles de incumplimiento aún más elevados que el sistema tradicional.
A pesar del escenario adverso, el informe de 1816 señala un dato que podría interpretarse como una señal de moderación. El incremento mensual de marzo fue el más bajo del último año, con una suba de apenas 0,3 puntos porcentuales. Esto abre la posibilidad de que el indicador comience a estabilizarse en los próximos meses, aunque dependerá en gran medida de la evolución de los ingresos y de la inflación.
En ese sentido, una desaceleración sostenida de los precios podría contribuir a mejorar la capacidad de pago, siempre que se traduzca en una recuperación real de los salarios. Sin embargo, ese proceso no es automático. Una menor inflación también implica que las cuotas pierdan el efecto de licuación que en otros momentos alivió el peso de las deudas.
Mientras tanto, el crédito en pesos al sector privado continúa en retroceso en términos reales, con cuatro meses consecutivos de caída. Las tasas de interés, que se mantienen elevadas —con promedios cercanos al 68% nominal anual en préstamos personales—, funcionan como un freno adicional tanto para la toma de nuevos créditos como para la refinanciación de pasivos existentes.
