El Gobierno nacional avanzó con una amplia reestructuración del Ministerio de Seguridad Nacional mediante el Decreto 327/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida modifica el organigrama interno de la cartera y redefine funciones vinculadas al despliegue territorial, inteligencia criminal, control fronterizo, ciberseguridad y supervisión de las fuerzas federales.
Aunque formalmente se presenta como una adecuación administrativa, el decreto revela una reorganización mucho más profunda de la política de seguridad nacional. La nueva estructura consolida áreas estratégicas orientadas al combate del crimen organizado, narcotráfico, ciberdelito y vigilancia de fronteras, al tiempo que amplía los mecanismos internos de auditoría y control institucional.
Uno de los cambios más significativos es el fortalecimiento del área de ciberdelito. La Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos tendrá funciones vinculadas al combate de delitos tecnológicos, amenazas digitales y protección de infraestructuras críticas de información. También coordinará acciones con organismos internacionales y empresas tecnológicas, además de intervenir en tareas de forensia digital (informática forense o análisis forense digital).
La estructura incorpora además la ejecución del “Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad”, junto con la supervisión del Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
El decreto también fortalece la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que tendrá a su cargo la obtención, análisis y sistematización de información vinculada a delitos complejos y crimen organizado. Entre sus funciones aparece la coordinación operativa de inteligencia criminal con las fuerzas federales y provinciales.
Otro de los ejes centrales de la reforma es el control de fronteras e hidrovías, un aspecto particularmente sensible para provincias limítrofes como Misiones. La nueva estructura incorpora áreas específicas para vigilancia territorial, administración de pasos fronterizos y monitoreo de hidrovías. En ese marco, el Gobierno creó la Coordinación de Administración de Pasos Fronterizos y reorganizó la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías dentro de la Subsecretaría de Intervención Federal.
La reforma también avanza sobre el sistema de estadísticas criminales. El Ministerio buscará centralizar y estandarizar la producción de datos delictivos a nivel federal mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), con coordinación entre Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En paralelo, el decreto crea y reorganiza estructuras internas vinculadas al control y auditoría sobre las fuerzas federales. Se formalizaron auditorías específicas para Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
A esto se suma la creación de mecanismos orientados a la transparencia y prevención de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. La nueva Dirección Nacional de Transparencia e Integridad tendrá entre sus funciones la recepción de denuncias, elaboración de mapas de riesgo y seguimiento de posibles irregularidades y hechos de violencia institucional.
La reestructuración también incluye áreas vinculadas a la formación y carrera profesional de las fuerzas federales, cooperación internacional, seguridad en eventos deportivos y modernización penitenciaria.
Además, el decreto consolida una nueva denominación institucional: “Ministerio de Seguridad Nacional”, un cambio semántico que acompaña una visión más amplia y estratégica sobre las amenazas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico, ciberdelito y control territorial.
