La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no intervenir, por el momento, en la disputa judicial por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El máximo tribunal rechazó el recurso de per saltum presentado por el Ejecutivo, al considerar que no se cumplen los requisitos necesarios para saltear las instancias judiciales previas y resolver el caso de manera directa.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes coincidieron en que el planteo no reúne las condiciones previstas en la normativa vigente. En particular, señalaron que no se acreditó una situación de “gravedad institucional” que justifique la intervención anticipada del tribunal.
El recurso había sido impulsado por la Procuración del Tesoro en representación del Gobierno, con el objetivo de que la Corte analizara la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar el avance del proceso en las instancias inferiores. Sin embargo, los magistrados entendieron que el expediente debe continuar su curso ordinario dentro del sistema judicial.
El pedido oficial se había presentado el 16 de abril, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda, dictara una medida cautelar que suspendía la aplicación de 83 artículos de la reforma. Esa resolución fue posteriormente revertida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia plena de la ley.
En ese contexto, fuentes judiciales señalaron que el planteo del Ejecutivo resultaba “inoficioso”, ya que la normativa se encuentra actualmente en vigor tras el fallo de segunda instancia. Esta situación debilitó uno de los argumentos centrales del per saltum, que buscaba frenar los efectos de la decisión inicial.
Desde el Gobierno habían solicitado, además, que la Corte suspendiera la medida cautelar dictada en primera instancia hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión. También plantearon la invalidez de la intervención judicial, al considerar que no existía un caso concreto ni legitimación colectiva suficiente para habilitar el proceso.
La causa se originó a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de diversos artículos de la reforma laboral. La central sindical sostuvo que las modificaciones afectan derechos adquiridos y vulneran garantías como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales y la libertad sindical.
