La ciudad de Posadas aparece en el mapa de la investigación federal que tiene como principal acusado a Gianfranco Gaspar Núñez, señalado como el presunto responsable de una red que captaba mujeres bajo falsas promesas laborales y luego difundía contenido íntimo sin consentimiento.
El caso tomó relevancia nacional en las últimas horas tras confirmarse que durante los allanamientos se secuestraron materiales en distintos puntos del país, entre ellos la capital misionera. Según la pesquisa, el entramado no se limitaba a una sola jurisdicción, sino que operaba de manera articulada en varias provincias, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada y sostenida en el tiempo.
De acuerdo con los investigadores, el acusado utilizaba redes sociales para contactar a mujeres jóvenes, incluso menores, a quienes les ofrecía supuestas oportunidades en el ámbito audiovisual. El mecanismo incluía promesas de dinero, proyección internacional y trabajos vinculados a producciones que, en apariencia, se comercializarían en el exterior.
Sin embargo, la causa sostiene que detrás de esa fachada se escondía un esquema de explotación. Los videos grabados eran posteriormente editados y difundidos en plataformas digitales y canales cerrados, sin autorización de las víctimas y sin ningún tipo de restricción geográfica, lo que amplificaba su circulación.
Durante los procedimientos, que incluyeron operativos en Rosario, Buenos Aires y Posadas, las fuerzas federales incautaron dispositivos electrónicos, contratos, registros financieros y más de un centenar de archivos audiovisuales. Ese material es ahora clave para reconstruir el alcance de la red y determinar la cantidad total de personas afectadas.
Hasta el momento hay al menos ocho casos judicializados, aunque la fiscalía no descarta que el número sea mayor. La investigación apunta a que el acusado no actuaba de manera aislada, sino que habría montado un sistema con roles definidos, utilizando incluso identidades falsas para captar a las víctimas y formalizar acuerdos que luego no eran respetados.
El juez Carlos Vera Barros dictó la prisión preventiva por 90 días mientras avanza la causa por presunta explotación sexual. En paralelo, se continúa con la recolección de pruebas y la localización de posibles nuevas víctimas en distintas provincias.
(Fuente: TN)
