La Justicia federal hizo lugar este martes a un amparo colectivo y frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo, dispuesto hace un mes por decisión del Ministerio de Capital. La medida obliga al Gobierno Nacional a mantener la vigencia del beneficio que abonaba $78.000 a unos 900 mil trabajadores informales que participaban de capacitaciones, prácticas o tenían emprendimientos.
“Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”, dice el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana.
Con su resolución, el juez Adrián González Charvay argumentó que su eliminación fue un “corte abrupto” y que la cartera de la ministra Sandra Pettovello no previó ni implementó “medidas efectivas” para reemplazar una suma que morigieraba la “condición de vulnerabilidad” de los beneficiarios.
“La asignación mensual monetaria prevista en la norma en trato se manifiesta como una previsión con profundo contenido social y, los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora con su culminación, arbitraria e irrazonable”, agrega la resolución.
Además, el Juzgado cuestionó que la única política implementada por el Gobierno para compensar esta eliminación sea el programa de vouchers educativos, los cuales no son “equivalentes” al beneficio de casi $80 mil perdido unas 900.000 personas.
“La referencia genérica de vouchers de capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían”, añade la resolución.
Desde que el Ministerio anunció su eliminación hubo distintas protestas de organiaciones sociales, principalmente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
Una estas movilizaciones fue frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se buscó visibilizar la contradicción entre el enriquecimiento de los funcionarios nacionales y el ajuste en los programas sociales.
La demanda que aceptó el juez Campana había sido impulsada por un grupo de beneficiarios que pidieron una acción de amparo colectivo contra el cese del programa dispuesto por Pettovello. Fue promovida el 13 de abril de 2026 por Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Beron, quienes actúan por derecho propio y en representación del colectivo de beneficiarios afectados.
Los demandantes argumentaron que su interurmpción “constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales e inconstitucionalidad por omisión”.
En esa línea, remarcaron que quienes recibían el programa son personas que trabajan en la economía popular “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación” como un ingreso clave.
FUENTE: eldestapeweb.com
