El Gobierno nacional se encuentra ante un escenario judicial adverso tras la confirmación de la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, que lo obligaría a destinar alrededor de 2,5 billones de pesos al sistema. En la Casa Rosada reconocen que no cuentan con esos recursos y anticipan que su cumplimiento implicaría el retorno del déficit fiscal, en línea con la tensión que atraviesa la política económica actual.
La administración encabezada por Javier Milei tiene plazo inmediato para acatar el fallo, mientras prepara una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo admiten que es poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo que frene la aplicación de la norma, lo que obligaría a comenzar con las transferencias de fondos en lo inmediato.
Según estimaciones oficiales, la implementación de la ley tendría un costo de 2,5 billones de pesos, una cifra que tensiona el esquema fiscal del Gobierno. “No tenemos los fondos al día de hoy”, reconocieron fuentes de alto nivel, al tiempo que deslizaron que se evalúan alternativas para afrontar el pago de manera gradual.
La normativa fue sancionada por el Congreso el año pasado, en medio de un fuerte respaldo opositor, y logró sostenerse incluso tras el veto presidencial. Posteriormente, fue judicializada y ratificada en primera y segunda instancia, lo que dejó al Ejecutivo con escaso margen de maniobra en el plano legal.
En este contexto, la discusión gira también en torno a los mecanismos de pago y a la posibilidad de activar partidas de forma escalonada. Desde el ámbito universitario, en tanto, sostienen que, ante la falta de una suspensión judicial, el Gobierno debe comenzar a cumplir con la ley de manera inmediata.
El conflicto se da en un marco de fuerte deterioro del financiamiento del sistema. De acuerdo con datos del Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que impacta directamente en el funcionamiento de las instituciones y en los salarios del personal docente y no docente.
En esa línea, los ingresos del sector registran un incremento del 158% desde fines de 2023, frente a una inflación acumulada del 280%, lo que implica una pérdida significativa del poder adquisitivo. El desfasaje salarial se traduce, según estimaciones, en la pérdida equivalente a más de siete sueldos mensuales en el período.
La ley vigente establece mecanismos de actualización periódica de partidas en función del índice de precios al consumidor, incluyendo fondos para salud universitaria, ciencia y extensión. Sin embargo, el Gobierno impulsa una iniciativa alternativa que propone una recomposición más acotada, con aumentos escalonados y sin reconocer la totalidad de la pérdida inflacionaria acumulada.
Además, el nuevo esquema oficial limita la actualización de gastos de funcionamiento y elimina la indexación automática en varios rubros, lo que genera rechazo en el ámbito académico. Rectores, gremios y organizaciones estudiantiles vienen reclamando desde 2024 una recomposición presupuestaria que garantice el normal desarrollo de las actividades.
En paralelo, también se plantea la necesidad de reabrir paritarias para adecuar los salarios a la inflación, así como reforzar programas de asistencia como las becas universitarias. La discusión, sin embargo, se encuentra atravesada por la restricción fiscal que sostiene el Ejecutivo como eje central de su política económica.
(Fuente: Infobae)
