El presidente Javier Milei firmará el envío al Congreso de un proyecto de ley para habilitar el pago de un acuerdo con los fondos que mantenían litigios contra la Argentina por la deuda en default de 2001. Según fuentes oficiales, el texto ya se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica, paso previo a su formalización.
“Estaba en proceso de revisión. Se manda entre hoy y mañana al Congreso”, señalaron desde la Casa Rosada a TN. En el Ejecutivo aseguran que los equipos técnicos terminaron de pulir los detalles y que optaron por avanzar por la vía legislativa para otorgarle mayor respaldo institucional al entendimiento.
Sin embargo, en el oficialismo mantienen bajo estricta reserva tanto el monto final como la modalidad de pago.
El acuerdo ya tiene un primer respaldo formal en los tribunales de Nueva York. En una presentación realizada el 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los abogados del país informaron que el pasado 1 de abril se firmó un entendimiento definitivo, sujeto a la aprobación del Congreso argentino. En ese mismo documento, anticiparon que el proyecto sería remitido al Poder Legislativo en los días siguientes.
La disputa involucra a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, que contaban con fallos firmes contra la Argentina. Los reclamos acumulaban cerca de US$600 millones, aunque fuentes cercanas a la negociación indican que el monto acordado sería menor, dado que parte de las garantías de los bonos Brady ya había sido ejecutada.
Uno de los puntos centrales del entendimiento es que permitió frenar, al menos temporalmente, nuevas acciones judiciales en Estados Unidos. Entre ellas, el intento de embargo impulsado por Bainbridge sobre activos estatales, como participaciones en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Ese frente quedó en suspenso mientras avanza la validación legislativa del acuerdo.
La decisión de enviar el proyecto al Congreso refleja la intención del Gobierno de cerrar uno de los últimos capítulos abiertos del default de 2001 con respaldo político y no solo administrativo. En la Casa Rosada consideran que este camino reduce riesgos de futuras impugnaciones y fortalece la legitimidad del acuerdo.
El movimiento se produce en paralelo a otro frente judicial relevante: la reciente victoria de la Argentina en la apelación por YPF, un caso que aún podría tener nuevas instancias en la Justicia estadounidense.
La estrategia legal está coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
Desde el Gobierno explican que la política internacional se apoya en dos ejes: sostener la defensa en causas que consideran abiertas y, en paralelo, avanzar en acuerdos políticos para desactivar litigios con posibilidades de resolución negociada. El proyecto que ingresará al Congreso se inscribe en esa lógica y busca clausurar un conflicto que arrastra más de dos décadas.
