El anuncio del Gobierno nacional sobre el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 abrió una nueva discusión en el ámbito sanitario y judicial. Aunque desde la Casa Rosada se anticipó que la iniciativa buscará “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, en Misiones predomina, por ahora, una mirada de prudencia, pero también de escepticismo.
El tema fue abordado este miércoles en FM 89.3 Santa María de las Misiones por el director provincial de Salud Mental, Nicolás Aranda, quien remarcó que, más allá del fuerte impacto mediático del anuncio, todavía no existe información concreta sobre el contenido del texto que el Ejecutivo pretende impulsar.
“La verdad que son días movidos y de mucho revuelo. Esta semana en los medios el jefe de gabinete Manuel Adorni anunció un nuevo proyecto de ley de salud mental”, señaló Aranda al referirse a la iniciativa anticipada por el Gobierno nacional.
Sin texto oficial y con más ruido que precisiones
Según explicó el funcionario, hasta el momento ni equipos técnicos de distintas provincias, ni actores del ámbito judicial, ni siquiera legisladores consultados, habrían tenido acceso al borrador del proyecto.
“Nosotros no hemos visto ningún proyecto. Hablé con pares de otras provincias y ninguno tampoco ha visto el proyecto. También hablé con otra gente más vinculada al Poder Judicial de la Nación y tampoco lo vieron; y le hice la misma consulta a algunos legisladores de Misiones y tampoco están al tanto del proyecto”, afirmó.
En ese marco, sostuvo que la información más concreta que pudo recabar indica que el documento todavía estaría en una etapa de revisión legal y técnica, y que recién podría conocerse en el corto plazo.
“Lo que sí me llegó como información más clara, es que el proyecto estaría todavía en la parte legal y técnica y que vería la luz entre diez días a dos semanas. Así que hasta ahora solo fue cobertura mediática”, remarcó.
Internaciones involuntarias, uno de los ejes del debate
Uno de los puntos que volvió a instalarse con fuerza en la discusión pública es el de las internaciones involuntarias, un aspecto que históricamente generó controversias dentro de la aplicación de la ley sancionada en 2010 y a la que Misiones adhirió en 2018.
Aranda recordó que este tipo de medidas ya se encuentran contempladas por la normativa vigente y aclaró que, lejos de ser una figura ausente o vacía, forman parte de un capítulo específico de la legislación actual.
“Nosotros somos una de las provincias que adhirió a la Ley de Salud Mental desde el año 2018; y el gran tema de la agenda pública que ha tenido la ley ha sido el tema de las internaciones involuntarias”, explicó.
En esa línea, precisó que en la provincia este tipo de intervenciones no solo existen, sino que incluso representan una porción importante del abordaje en salud mental.
“Las internaciones involuntarias son un capítulo aparte dentro de la ley. Existe como capítulo específico donde se habla que es la última medida; y les digo que el grueso de las internaciones por salud mental en Misiones son involuntarias”, indicó.
Cómo se aplican en Misiones y qué rol cumple la Justicia
Lejos de tratarse de una decisión unilateral o automática, Aranda subrayó que en Misiones las internaciones involuntarias se abordan de manera articulada con el Poder Judicial y los equipos de salud, con el objetivo de resguardar tanto la atención como los derechos del paciente.
“Las internaciones involuntarias en Misiones se hacen en conjunto con el Poder Judicial. Lo que se hace es dialogar entre el Poder Judicial y los equipos que intervienen, para definir cómo vamos a hacer el abordaje y cómo se le va a dar la atención a ese paciente, garantizando que se cumplan así los derechos”, detalló.
Desde esa perspectiva, consideró que uno de los riesgos de este nuevo debate nacional es instalar la idea de que actualmente no existen herramientas legales para actuar en situaciones complejas, cuando en realidad el sistema ya prevé mecanismos de intervención, aunque con limitaciones prácticas y operativas.
Escepticismo frente al anuncio nacional
Más allá del contenido todavía desconocido del proyecto, el director provincial de Salud Mental fue crítico respecto del modo en que se instaló el tema en la agenda pública y expresó reparos tanto sobre la oportunidad como sobre la forma del anuncio.
“Tengo cierto escepticismo ante este nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, más siendo la persona que lo anuncia, ya que viene de una serie de escándalos muy importantes, como lo es Manuel Adorni”, sostuvo.
A su criterio, el planteo del Gobierno nacional parece buscar más impacto político que una discusión seria y técnicamente robusta sobre un tema especialmente sensible.
“Me parece que es como querer renovar un poco su imagen e instalar otra agenda, con una información rara porque las internaciones involuntarias están previstas; se habla de un nuevo criterio, pero este criterio que ellos plantean es mucho más vago que el que ya está en la ley”, cuestionó.
Más que una nueva ley, una discusión pendiente sobre recursos
Para Aranda, antes que impulsar una reforma de fondo sin consensos previos, lo más razonable sería revisar protocolos, reglamentaciones y, sobre todo, el financiamiento destinado al área.
“Quizás hay que ajustar algo de sus protocolos, veamos nueva reglamentación o en todo caso veamos cuestiones de financiamiento también, porque esa es la otra cuestión de la que no se habla”, planteó.
Ese punto, aseguró, es uno de los más críticos del sistema actual. Según indicó, la brecha entre lo que la ley propone y los recursos efectivamente asignados sigue siendo una deuda estructural.
“Siempre se ha planteado que no se llega al financiamiento que plantea la ley. Del presupuesto total de Salud, salud mental ocupa el 1,68%, nada más. O sea, si van a reformar para que sea más eficiente y no hay inversión, no tiene mucho sentido”, advirtió.
En otras palabras, el funcionario puso el foco en una cuestión central: sin presupuesto, cualquier modificación normativa corre el riesgo de quedar reducida a una declaración de intenciones.
Psiquiatras, escasez de profesionales y una dificultad nacional
Otro de los puntos que, según trascendió, podría incorporarse en el nuevo proyecto es una redefinición del rol de los psiquiatras dentro del sistema. Sobre este aspecto, Aranda pidió evitar que el debate se reduzca a una disputa entre profesiones, aunque reconoció que existe un problema real de disponibilidad de especialistas.
“Acá también no quiero que esto entre como una cuestión de disputa profesional. No es eso. Hay una realidad. Son pocos los médicos que eligen hacer psiquiatría”, señaló.
En ese contexto, valoró que Misiones haya logrado sostener cobertura en esa especialidad, aunque advirtió que en otras jurisdicciones la situación es todavía más delicada.
“Por suerte, en Misiones conseguimos cubrir cupos. Hay provincias que no cubren ni siquiera el cupo de psiquiatras. No hay ningún médico que quiere ingresar a hacer psiquiatría en algunas provincias”, puntualizó.
“Prenderse del dolor de la gente le resta seriedad”
En otro tramo de la entrevista, Aranda cuestionó el tono con el que el tema fue instalado a nivel nacional y consideró que se trata de una materia demasiado delicada como para ser utilizada en clave de impacto comunicacional o disputa política.
“Para nosotros que trabajamos en el ámbito de la Salud Mental, primero nos hace ruido y a la vez nos parece un poco poco serio el planteo en estos términos, con un tema que es tan delicado como lo es la salud mental”, expresó.
En esa línea, sostuvo que muchas familias atraviesan situaciones de enorme angustia cuando sienten que el sistema no responde con la rapidez o la eficacia esperada, por lo que utilizar esos casos como base para construir una narrativa pública puede resultar contraproducente.
“Hay gente y familias sobre todo que se sienten afectadas quizás por algunas situaciones puntuales en las que sus demandas no fueron respondidas de la mejor forma; y prenderse del dolor de la gente para hacer algo así, me parece que le resta seriedad y que es un golpe bajo”, afirmó.
La demanda creció fuerte en los últimos años
Más allá de la discusión legislativa, el dato que más preocupa al área de Salud Mental tiene que ver con el crecimiento sostenido de la demanda en los últimos años, tanto en cantidad de consultas como en complejidad de los cuadros atendidos.
Aranda precisó que, a partir del intercambio de datos entre provincias en el marco de una mesa federal, se pudo observar una suba muy marcada en las atenciones desde la prepandemia hasta la actualidad.
“Lo que vimos es que la cantidad de atenciones por salud mental desde 2019 hasta el 2025 aumentó en un 120%”, detalló.
Ese incremento, además, impacta de manera especialmente fuerte en una franja particularmente sensible. “Uno de los aumentos más significativos son los de niños, niñas y adolescentes”, remarcó.
A su vez, indicó que las internaciones involuntarias también mostraron un aumento importante en ese mismo período.
“Las internaciones involuntarias aumentaron en un 70%; y Misiones no está exenta de estas situaciones y la demanda también aumentó”, sostuvo.
