La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia judicial para que se investigue el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados al oficialismo, en lo que distintos sectores ya califican como un “festival de créditos”.
La presentación se apoya en información periodística y en datos públicos del Banco Central que darían cuenta de préstamos por montos elevados concedidos a personas con vínculos directos con el actual esquema de poder político.
Créditos bajo sospecha
Según detalla la denuncia, desde el 31 de marzo comenzaron a difundirse listados con nombres y montos de créditos otorgados por el Banco Nación a integrantes del oficialismo, incluyendo funcionarios del Poder Ejecutivo, directivos del Banco Central, asesores, diputados nacionales y referentes de la llamada “militancia digital”.
Entre los casos mencionados figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase; directivos del Banco Central y del BICE; asesores del Gobierno; directores de empresas públicas; y legisladores como Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni. También se menciona a Sharif Menem, asesor legislativo y familiar directo de autoridades del Congreso.
La denuncia advierte que, en varios casos, los montos de los créditos no guardarían relación con la capacidad de repago ni con la estabilidad laboral de los beneficiarios, un criterio central en la evaluación bancaria.
Posibles irregularidades en el proceso
Uno de los puntos más sensibles del planteo es que algunos créditos habrían sido aprobados tras rechazos previos en sucursales del interior, lo que -según la legisladora- podría indicar la intervención de autoridades centrales del banco para destrabar las operaciones.
Además, Frade pone el foco en la existencia de una “línea diferencial” de créditos para empleados y funcionarios públicos, reconocida por el propio Banco Nación en un comunicado oficial.
Para la diputada, este esquema podría haber funcionado como un mecanismo que facilitó condiciones preferenciales para personas vinculadas al poder político, en detrimento de clientes comunes y con posibles consecuencias sobre la integridad financiera de la entidad.
Delitos bajo análisis
En su presentación, la legisladora solicita que la Justicia investigue la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
También pidió que se requieran los legajos crediticios completos, las actas del directorio que aprobaron los préstamos y la realización de peritajes contables para determinar si existieron irregularidades o perjuicios económicos para el banco.
“La desproporción entre ingresos y monto de los créditos resulta la primera pista orientativa”, sostiene la denuncia, que plantea la hipótesis de un relajamiento deliberado de controles en favor de determinados beneficiarios.
Impacto institucional
El planteo también advierte sobre las posibles consecuencias a nivel institucional. El Banco Nación, como entidad pública que administra fondos del Estado y de ahorristas, podría ver afectada su solvencia y su reputación en caso de confirmarse las irregularidades.
Con esta presentación, la Coalición Cívica busca que la Justicia determine si el otorgamiento de los créditos respondió a criterios técnicos objetivos o si, por el contrario, existió un uso privilegiado de recursos públicos en beneficio de un sector político determinado.
Fuente: parlamentario.com
