La situación de las pequeñas y medianas empresas vuelve a encender luces de alarma. En un contexto atravesado por la retracción del consumo, el deterioro del mercado interno y la incertidumbre sobre el empleo, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, trazó un diagnóstico duro sobre el presente del entramado productivo nacional y advirtió que la actividad atraviesa una etapa de “crisis total”.
En diálogo con FM de las Misiones, el dirigente sostuvo que el cuadro que hoy enfrentan las pymes no responde a una equivocación coyuntural ni a un desajuste temporal, sino a una lógica de gestión que, a su entender, ya dejó en evidencia sus consecuencias sobre el aparato productivo. “No es una equivocación o algo que no se está haciendo con intencionalidad, sino que es un proyecto, es una idea que tiene este gobierno”, afirmó.
Fernández reconoció que parte de las medidas impulsadas desde el inicio de la actual administración contaron con respaldo social y que varios de los problemas estructurales de la economía requerían correcciones. Sin embargo, remarcó que el costo elegido para alcanzar ese objetivo está siendo demasiado alto para el universo empresario y para los trabajadores.
En ese sentido, planteó que la baja de la inflación no puede sostenerse sobre el debilitamiento extremo del comercio y de la industria. “Creo que no han evaluado si realmente esto así debía ser tan extremo en cuanto a que, para bajar la inflación, la industria y el comercio prácticamente tenían que estar en los niveles que están hoy, en una crisis total”, expresó.
Su mirada apuntó especialmente a los sectores que más empleo generan en las ciudades. Según explicó, en provincias como Misiones, al igual que en muchos otros puntos del país, la vida económica cotidiana se sostiene en gran parte por la actividad comercial, la producción y, en algunos casos, el turismo. Por eso, consideró especialmente preocupante cualquier señal política o económica que empuje a esos rubros hacia un mayor deterioro.
Al ser consultado por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el destino de algunos sectores productivos, Fernández consideró que ese tipo de expresiones son “desafortunadas”, aunque advirtió que el problema no pasa únicamente por lo discursivo. Para el titular de CGERA, la preocupación central está en que las definiciones públicas del mandatario parecen ir en la misma dirección que las medidas que se están aplicando.
“Lo que está diciendo es lo que está llevando adelante”, resumió, al tiempo que cuestionó la falta de una explicación clara sobre cuál sería el horizonte laboral para cientos de miles de personas si continúan cayendo empresas y fuentes de ingreso formales.
Uno de los puntos más sensibles de su análisis estuvo vinculado al empleo. Fernández advirtió que, detrás de cada pyme que baja la persiana, no solo hay un dueño que pierde capital o una firma que deja de operar, sino también trabajadores que quedan fuera del sistema formal y pasan a buscar ingresos en condiciones mucho más precarias.
En ese marco, describió un escenario donde muchos de quienes pierden un puesto registrado terminan refugiándose en changas, pequeños emprendimientos domésticos o tareas de reparto y transporte sin derechos laborales básicos. “Esto es lo que no nos explican”, señaló, en referencia a la ausencia de una estrategia oficial para absorber esa mano de obra desplazada.
“¿Dónde se va a emplear esta gente?”, preguntó, y profundizó la inquietud con una mirada que baja la discusión macroeconómica al territorio concreto de las ciudades. “Cuando tienen una ciudad grande con mucha gente, si decae el comercio y la industria, ¿a dónde se va a ir a emplear?”, insistió.
Fernández también puso números sobre la mesa para dimensionar el alcance del problema. Si bien aclaró que las estadísticas vinculadas al cierre de empresas suelen ser usadas políticamente y muchas veces son presentadas de manera interesada, señaló que existe un dato preocupante que surge de los registros oficiales.
“Hoy hay un número que lo da el propio INDEC, que es de treinta por día”, afirmó, al explicar que no se trata de una cifra exacta diaria sino de un promedio acumulado desde la asunción del actual Gobierno. Bajo ese parámetro, indicó que ya habrían cerrado alrededor de 22 mil pymes durante este período.
A partir de esa tendencia, el presidente de CGERA proyectó un escenario todavía más delicado si no hay un cambio de rumbo en lo que resta del mandato presidencial. “Si continuamos con este ritmo de treinta por día, cuando termine este gobierno serán de 45.000 a 50.000 empresas que cerraron sus puertas”, advirtió.
Aunque reconoció que, dicho así, puede sonar a una estadística fría, enseguida buscó traducir ese número a su impacto humano. Tomando un promedio de diez trabajadores registrados por cada pyme, Fernández estimó que el daño potencial podría alcanzar a unas 500 mil fuentes laborales formales.
Más allá del dato duro, el dirigente puso el foco en la incertidumbre que atraviesa hoy al sector empresario. Según explicó, la preocupación no se agota en quienes ya cerraron, sino también en quienes siguen funcionando con enormes dificultades y sin saber cuánto más podrán sostenerse.
“La angustia es si será la mía mañana, si será la próxima la mía”, describió, al reflejar el clima que, según indicó, se repite entre comerciantes, industriales y empleadores de distintos rubros. “No sabemos si mañana va a ser la mía, pero todos estamos complicados”, añadió.
