Mientras continúan los procedimientos y actuaciones de efectivos de Gendarmería Nacional solicitados por la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, en el contexto de la investigación por una presunta organización o red de facilitación de contrabando de mercadería y divisas en el Puente San Roque González, se pudo determinar que los aduaneros y gendarmes involucrados son 46, 24 efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” de la fuerza de seguridad y 22 de Aduana-ARCA de la capital provincial.
De acuerdo a las fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN, de la lista de gendarmes la mayoría se conforma con doce sargentos, diez cabos y dos alférez, ninguno de ellos ocupando cargos de preponderancia como funciones.
Respecto a los agentes de Aduana, son 22 en total, seis mujeres entre ellos y durante la mañana de este martes continuaban los allanamientos en Posadas en sus viviendas para el secuestro de soportes informáticos, celulares principalmente y divisas extranjera. También la orden exige que se registren “todos” los vehículos de transporte a motor que posean y “todos los elementos de interés para la causa de la totalidad de los involucrados”, según indican textualmente las órdenes de allanamiento.
La causa 2837 se inició el año pasado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, secretaría 3 a cargo de María Trinidad Fierro y tomó relevancia el lunes al mediodía cuando fueron allanados los primeros domicilios de agentes de Aduana y efectivos de Gendarmería Nacional presuntamente involucrados en cobros de coimas para facilitar el cruce de mercadería procedente de Paraguay y a través del puente San Roque González de Santa Cruz.
Como lo adelantó primeraedición.com.ar en exclusiva el lunes, la investigación apuntaría a medio centenar de personas y se concretaron allanamientos en un edificio de la avenida Leandro N. Alem y en viviendas de distintos puntos, como en la chacra 96, avenidas Bustamante y Comandante Andresito.
Los procedimientos alcanzaron las dependencias del Escuadrón 50 “Posadas” de Gendarmería Nacional y la propia sede de Aduana, comprendida por ARCA (exAFIP) en el edificio de las calles Santa Fe y Colón en el microcentro de esta capital.
Las mismas voces apuntaron que no se habrían concretado, hasta el momento, detenciones vinculadas a la causa, pero no se descartan ampliaciones de las actuaciones. También se resaltó que no hay se tomaron medidas de intervención para las áreas requisadas, pero no se descarta que las autoridades de la fuerza de seguridad federal y la agencia impositiva determinen lo contrario.
Según coincidieron, se investiga el delito de cohecho pasivo, artículo 256 del Código Penal Argentino que prevé que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
