La conflictividad laboral en Argentina no solo no cedió en los últimos dos años, sino que se intensificó. Así lo señala el informe “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que relevó 717 casos en todo el país entre enero de 2024 y febrero de 2026.
El dato cobra especial relevancia para Misiones, que aparece entre las provincias con mayor nivel de conflictos en el período posterior a las elecciones legislativas de octubre de 2025. Según el estudio, tras esos comicios la cantidad de casos se incrementó notablemente: si entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 conflictos por mes, luego de octubre el promedio trepó a 42 mensuales.
En esa nueva etapa, Misiones concentró el 6,7% de los casos a nivel nacional, ubicándose entre las jurisdicciones con mayor conflictividad, detrás de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe y Córdoba, y por encima de otras provincias del NEA
El dato refleja un impacto directo en la estructura productiva local, especialmente en la industria.
El informe muestra que, a nivel país, el 62,1% de los conflictos se originaron en el sector industrial.
Le siguieron servicios (16,9%), el sector primario (9,5%), comercio (8,2%) y construcción (3,3%). La principal causa fue el despido, que explicó el 63,6% de los casos, muy por encima de cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones de crisis (7,8%).
En el caso misionero, dos sectores emblemáticos sintetizan la tensión actual. Por un lado, la industria yerbatera, que atraviesa una fuerte disputa por los precios de la hoja verde. El informe menciona la decisión de productores de frenar la cosecha “hasta nuevo aviso” ante valores que no cubren costos, afectando a productores, tareferos, secaderos y cooperativas.
La situación puso en evidencia la fragilidad de la cadena en un contexto de desregulación y caída del consumo.
Por otro lado, el sector textil, con epicentro en Eldorado, donde la planta de Grupo Dass –que produce para marcas internacionales– redujo personal y enfrenta un escenario de producción limitada e incertidumbre sobre su continuidad.
Este subsector es uno de los más golpeados por la apertura importadora, que según el CEPA explica buena parte de los conflictos en la industria.
El estudio también señala que las PyMEs fueron las más afectadas, concentrando el 39,1% de los casos en el período total, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En siete de cada diez conflictos se trata de compañías de capital nacional.
A nivel macro, el trabajo vincula el aumento de la conflictividad con el ajuste fiscal, la apertura importadora y la redefinición del rol del Estado, en un contexto donde, según datos citados de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se perdieron más de 272 mil puestos registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025.
Para Misiones, el escenario combina tensiones estructurales de economías regionales –como la yerba mate– con el impacto de la caída del consumo interno y la competencia externa en la industria manufacturera. El hecho de que la provincia figure entre las de mayor conflictividad tras las elecciones refleja que la problemática no se limita al área metropolitana ni a los grandes polos industriales, sino que alcanza también a territorios con fuerte peso de la producción primaria y de la industria liviana.
El mapa nacional elaborado por el CEPA muestra que la conflictividad se extendió a las 24 jurisdicciones del país
Sin embargo, la presencia de Misiones en el lote de provincias más afectadas en el último tramo del período marca una señal de alerta para la economía regional, donde cada conflicto laboral tiene un efecto multiplicador sobre el empleo indirecto y las cadenas productivas locales.
