Luego de que ocurrieran dos evasiones en comisarías de Misiones, en poco más de dos meses, con la fuga de once internos (siete en Irigoyen y cuatro en Posadas), ingresaron a la Cámara de Representantes de Misiones dos proyectos de comunicación con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y custodia de personas detenidas en todo el territorio misionero.
La premisa es clara: se busca que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tome el mando de las guardias en las comisarías misioneras, dejando a la Policía de Misiones las tareas de servicio al ciudadano, la prevención y el patrullaje.
Ambas iniciativas, complementarias entre sí, fueron presentadas por el diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro, donde apuntó que la problemática “es estructural” y quedó expuesta en los últimos meses tras episodios de evasiones en dependencias policiales.
Por un lado, el legislador propone que el Poder Ejecutivo provincial evalúe y disponga mecanismos de articulación, coordinación y cooperación para que el Servicio Penitenciario Provincial asuma progresivamente tareas de custodia y control de personas detenidas alojadas en comisarías y otras dependencias policiales.
En ese marco, el espacio político fundamentó que las comisarías tienen como función principal la prevención del delito, el patrullaje y la investigación criminal, pero en la práctica deben asumir durante períodos prolongados la guarda de personas privadas de libertad, lo que genera sobrecarga operativa y reduce la disponibilidad de efectivos en tareas de seguridad ciudadana.
“El Servicio Penitenciario cuenta con estructura y capacitación específica para la custodia de personas detenidas. Una articulación progresiva permitiría reducir riesgos de evasión y optimizar el uso de los recursos humanos del sistema de seguridad”, se sostiene en los fundamentos.
La propuesta de trasladar progresivamente la custodia al Servicio Penitenciario apunta a “liberar” al personal policial para tareas de prevención y patrullaje, fortalecer la seguridad en dependencias y reducir riesgos, tanto para la comunidad como para los propios efectivos.
Pedido de informe sobre las fugas en los últimos dos años
Por otra parte, “Cacho” Bárbaro solicitó un informe “urgente y detallado” al Ministerio de Gobierno y a la Jefatura de Policía sobre la cantidad de fugas registradas en los últimos 24 meses, discriminadas por dependencia, perfil de peligrosidad de los evadidos y estado actual de las causas judiciales iniciadas, dice parte del segundo proyecto de comunicación presentado.
El pedido también exige información sobre la capacidad nominal de alojamiento de cada comisaría en relación con la cantidad actual de detenidos, así como el estado edilicio de rejas, cerramientos, calabozos, sistemas de monitoreo y demás condiciones de seguridad.
En este punto, también solicitó precisiones sobre las medidas adoptadas para prevenir nuevas evasiones y los planes de inversión y refacción previstos.
