La Libertad Avanza (LLA) imprimió este viernes un ritmo acelerado a la reforma laboral en el Senado y consiguió dictamen en un trámite exprés en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto. El objetivo del oficialismo es convertir en ley la iniciativa la próxima semana, antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
Con el despacho firmado, el Gobierno ya tendría asegurados los votos necesarios para avanzar con una de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei, en el marco de su programa de desregulación del mercado laboral.
Cambios en el texto y eliminación del artículo 44
La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, abrió la reunión anunciando que se aceptaría el texto aprobado en la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44.
Esa disposición establecía que el empleador debía pagar durante tres meses la mitad del salario a un trabajador ausente por enfermedad o accidente laboral, o el 75% en caso de tener cargas de familia.
“Con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”, señaló Bullrich.
Aunque ese artículo fue suprimido, el núcleo de la reforma se mantiene. El proyecto introduce modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo sobre:
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ultraactividad de los convenios,
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régimen de indemnizaciones,
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vacaciones y horas extras,
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reducción de aportes patronales para incentivar el empleo,
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limitaciones al derecho de huelga en actividades consideradas “servicios esenciales”.
El oficialismo aspira a aprobar en la misma sesión del próximo viernes no solo la reforma laboral, sino también el Régimen Penal Juvenil y otorgar media sanción a la ley de Glaciares.
Al igual que en la Cámara de Diputados, el Gobierno cuenta con el respaldo de gobernadores aliados como Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), además de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
Ese respaldo territorial resulta clave para garantizar los votos en la Cámara alta.
Acusaciones y chicanas
Lo que parecía un trámite formal terminó derivando en una fuerte confrontación política. El primer cruce se produjo cuando la senadora riojana Florencia López lanzó una advertencia en alusión a la crisis de 2001: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en referencia a la salida anticipada de Fernando de la Rúa.
Bullrich interrumpió de inmediato y calificó la expresión como “golpista”, pidiéndole que “pare” con ese tipo de afirmaciones.
La tensión volvió a escalar cuando el senador de La Cámpora, Mariano Recalde, recordó antecedentes de presuntas coimas en reformas laborales anteriores y mencionó el caso del senador Eduardo Kueider, detenido con 200 mil dólares sin declarar tras la aprobación de la Ley Bases.
Recalde sostuvo que el peronismo “arregló el desastre” de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de la Alianza y anticipó que sucederá lo mismo si vuelven al poder. “Ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre también”, afirmó, recordando además que Bullrich fue ministra de Trabajo durante el gobierno de De la Rúa, cuando se registró el índice más alto de desempleo.
“Si ganan las elecciones lo arreglarán”, respondió Bullrich con tono irónico.
La polémica alcanzó su punto más alto cuando la senadora Juliana Di Tullio denunció que “le armaron la caja al ministro Luis Caputo para que haga la campaña”, acusando que los fondos provendrían “de la guita de los jubilados” y que serían utilizados de manera irregular.
Más allá de los cruces, el oficialismo busca consolidar la reforma como uno de los pilares de su agenda económica. El Gobierno sostiene que los cambios permitirán dinamizar el empleo formal y reducir la litigiosidad laboral, mientras que la oposición advierte que la iniciativa implica una pérdida de derechos para los trabajadores.
La sesión de la próxima semana será clave no solo en términos legislativos, sino también políticos: la sanción antes del 1° de marzo permitiría al presidente Milei inaugurar el período ordinario de sesiones con una de sus principales reformas ya convertida en ley.
Fuente: Agencia de Noticias NA
