En un movimiento que combinó desprolijidad política y torpeza legislativa, el Poder Ejecutivo retiró del Congreso de la Nación el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil apenas 24 horas después de haberlo enviado.
El motivo del repliegue no fue técnico ni jurídico, sino político: el oficialismo alteró el consenso previo con los bloques aliados al incluir en el texto una edad de imputabilidad de 13 años, cuando el acuerdo sellado en 2025 fijaba ese límite en 14 años.
El problema no fue la reforma en sí, sino el modo. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el dictamen que había avanzado en mayo del año pasado establecía con claridad los 14 años como edad mínima punible.
Al enviar un proyecto que forzaba ese límite a la baja, el Gobierno se quedó sin los votos necesarios para sostener la iniciativa en comisiones y quedó expuesto a una derrota segura. La retirada, en ese contexto, fue menos una corrección que una maniobra defensiva para evitar un traspié legislativo mayor.
Más allá de la edad de imputabilidad, el proyecto incorporaba una modificación relevante: el financiamiento explícito de la ley, un reclamo histórico del sistema judicial.
En la versión anterior, la implementación quedaba supeditada a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, una fórmula que había despertado sospechas sobre la viabilidad real del régimen.
En cambio, el texto enviado ahora contemplaba partidas concretas:
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$20.000 millones para la Defensoría General
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$3.000 millones para el Ministerio de Justicia
La inclusión de esos fondos buscaba garantizar que la reforma no se convirtiera en letra muerta.
El repliegue dejó expuesta una paradoja difícil de explicar: el Gobierno avanzó en el punto que pedía la oposición dialoguista -el financiamiento real-, pero dinamitó el acuerdo político al modificar unilateralmente la edad de imputabilidad.
Ahora, el camino para retomar el debate parece claro pero costoso: volver a los 14 años consensuados, “limpiar” el texto y reconstruir la confianza con los aliados para que la reforma pueda regresar al circuito parlamentario.
Fuente: Agencia de Noticias NA
