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Tabaco: intendentes y entidades piden intervención del Estado ante los bloqueos

Un petitorio con carácter de urgencia fue elevado al gobernador Hugo Passalacqua para frenar las protestas que paralizaron el inicio del acopio en Misiones.planteo advierte sobre riesgos económicos, tensiones sociales y perjuicios para miles de familias.

6 febrero, 2026
Imagen ilustrativa (Archivo)

Imagen ilustrativa (Archivo)

El conflicto tabacalero en Misiones escaló en las últimas horas y sumó un nuevo capítulo institucional. Intendentes del Alto Uruguay, entidades gremiales y empresas del sector solicitaron la intervención del Estado provincial y nacional ante los bloqueos y protestas impulsados por un grupo reducido de productores autoconvocados, que mantienen un acampe frente a la Cooperativa Agroindustrial de Misiones y que ya derivaron en la suspensión del acopio por razones de seguridad.

El pedido fue formalizado mediante un petitorio con carácter de “urgencia absoluta”, dirigido al gobernador Hugo Passalacqua, con el objetivo de que interceda ante el Gobierno nacional y la Justicia Federal para garantizar la libre circulación, el derecho a trabajar y el inicio del acopio previsto para este lunes 9 de febrero.

En el documento, los firmantes advirtieron que las medidas de fuerza ponen en riesgo una campaña clave para la economía provincial y afectan de manera directa a miles de productores.

En la nota se recordó que el precio del tabaco Burley fue acordado el 28 de enero en una mesa de negociación integrada por gremios, empresas y la cooperativa, con el valor de la clase B1F fijado en 4.062 pesos por kilo, y con el aval del 99 por ciento de la representación sectorial.

Frente a ese acuerdo, señalaron que “un grupo minúsculo de aproximadamente 40 personas” inició acciones que calificaron como extorsivas y ajenas a la voluntad de los 13.700 productores misioneros. Los intendentes y entidades alertaron que el bloqueo del acopio genera daños económicos irreparables, compromete el ingreso de las familias tabacaleras en la previa del inicio del ciclo lectivo y empuja a productores a vender de manera informal o incluso a migrar hacia Brasil para subsistir, lo que consideraron una amenaza a la soberanía productiva de la provincia.

Por ese motivo, reclamaron la intervención de fuerzas de seguridad para resguardar rutas y accesos a las plantas de compra, y una actuación judicial que garantice la libertad de trabajo y de comercialización.
Entre las firmas figuran jefes comunales del Alto Uruguay, autoridades de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, asociaciones de productores y representantes de empresas compradoras.
Desde ese espacio insistieron en que el reclamo no representa al conjunto del sector y pidieron que el conflicto no escale a un punto de quiebre para la campaña.

Productores continuarán con el acampe

Del otro lado, el referente de los productores autoconvocados, Maximiliano Hoff, rechazó el planteo institucional y volvió a cuestionar el precio acordado.

“Es lamentable lo que estamos pasando, viviendo, en el cual llevamos notas, entregamos notas a diferentes lugares”, expresó.

Hoff sostuvo que la presentación firmada por intendentes y entidades deja en evidencia, según su visión, una toma de posición en contra de los pequeños productores. “Con esa firma de ustedes ahí van a dejar muy evidente de qué lado están, que no están en la lucha justa, con un precio justo para todos”, afirmó.En el mismo mensaje, cuestionó la suspensión del acopio dispuesta por la CTM y reiteró el pedido de reabrir la negociación. “No pedimos más que esto, solamente buscamos respuestas, diálogo y abrir la mesa de negociación nuevamente. Volver, retomar las negociaciones, en el cual nosotros, los productores, queremos y debemos estar sentados ahí”, sostuvo.

El referente de los autoconvocados ratificó que el acampe continuará y que la protesta se mantiene de manera pacífica.

“Acá estaremos acampando hasta que nos solucionen el problema y hasta que se abra la negociación y el diálogo entre los productores y las entidades”, señaló. Además, insistió en que el valor que reclaman es de 5.000 pesos por kilo

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Tags: #economíaPolíticaTabaco
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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