El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y avanzó en una reestructuración del sistema de cobertura sanitaria para el personal militar y de seguridad, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Según lo establecido en la norma, el presidente de la Nación, en acuerdo general de ministros, dispuso la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa como un ente autárquico, con personería jurídica propia, legitimación procesal y capacidad para actuar tanto en el derecho público como en el privado, conforme a lo previsto en la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
Asimismo, el decreto crea la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFSEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional y contará con las mismas características jurídicas y administrativas, con el objetivo de brindar cobertura específica al personal de las fuerzas federales.
En ese marco, el artículo 7° del decreto establece el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del IOSFA. El procedimiento estará a cargo de un administrador que será designado por el Ministerio de Defensa y se llevará adelante mediante la transferencia total de los activos y del personal del organismo disuelto a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La medida implica una reorganización profunda del esquema de atención sanitaria para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y abre una nueva etapa en la administración de las prestaciones de salud, con el objetivo de dotar a las nuevas obras sociales de mayor autonomía administrativa y operativa.
El IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) arrastraba desde hace años una combinación de problemas financieros, administrativos y prestacionales que terminaron colocándolo en una situación crítica. De manera sintética, estos eran los principales puntos:
El organismo registraba déficit sostenido, con un desfasaje creciente entre los ingresos (aportes y contribuciones) y los gastos en prestaciones médicas. Esto generó deudas millonarias con prestadores, clínicas, sanatorios, laboratorios y farmacias, que en muchos casos dejaron de atender o restringieron servicios a afiliados.
