Condicionado por la Justicia, el Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley de Discapacidad y, de ese modo, dio cierto margen de previsión a un sector muy vulnerable de la población que sufrió el año pasado serias dificultades en el acceso a los tratamientos médicos y terapéuticos, suspensión de pensiones no contributivas y bajas de prestadores.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, expresó su alegría por la reglamentación “por la que se viene peleando desde hace mucho tiempo, esta ley de emergencia salió a través de una orden del Poder Judicial porque luego de aprobarse la ley en el Poder Legislativo, el Ejecutivo la vetó, el Legislativo la ratificó y se judicializó el proceso donde el Poder Judicial obligó al Estado nacional a reglamentar la norma para implementarla en un plazo de 30 días”.
CUD e informe socioeconómico
La nueva figura de la pensión no contributiva estará dirigida específicamente a las personas con discapacidad, es decir a los que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Hasta ahora, tener el CUD no era requisito para la pensión no contributiva por invalidez laboral porque esa pensión contemplaba la invalidez laboral por una razón temporal o permanente. Ahora, la pensión por discapacidad estará dirigida exclusivamente a las personas con discapacidad, tengan o no condición para trabajar, lo que se contemplará en este caso es la situación socioeconómica de la persona, es decir que cobrará cierta relevancia esta evaluación porque apuntará a los sectores más vulnerables”, precisó Antúnez.
No obstante, admitió que aún “no sabemos si las personas con discapacidad que tienen familias de mediano o alto nivel adquisitivo quedarán excluidas de la pensión porque eso no está todavía en la reglamentación. Sí sabemos que la pensión estará dirigida a las personas con CUD y se les pedirá como requisito el informe socioeconómico y las pautas de ese informe se determinarán a través de una consulta que deberán hacer al Consejo Federal de Discapacidad, al que se debería citar dentro de los 31 días posteriores a la promulgación de esta reglamentación, para que todas las provincias empecemos a trabajar con la Dirección Nacional de Discapacidad sobre estos criterios para la implementación de esta nueva pensión”.
Un freno federal
Según explicó, esta reglamentación permite tener un panorama de previsibilidad, aunque admitió que aún hay mucha incertidumbre, “no sabemos bien qué sucederá en los días o meses próximos porque el Estado nacional va tomando medidas desde una mirada de ajuste y achique del Estado en donde esas decisiones van afectando el acceso a las prestaciones y a los servicios de las personas con discapacidad”.
Antúnez recordó las situaciones ocurridas durante el año pasado ante la falta de entrega de medicación y el retraso en los pagos a los prestadores, “esta ley nos da un poco de previsibilidad a futuro… saber que esto tiene que estar, que estará disponible y que será con una mirada federal porque el Consejo Federal de Discapacidad tendrá un protagonismo importante, con la participación de todas las provincias, tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, y a partir de ahí obliga al Estado nacional a hacer una consulta previa de la implementación de cualquier programa que implemente la Dirección Nacional de Discapacidad”.
En este contexto, Antúnez destacó que “esto es importante porque pone el freno a ciertas medidas que pueden afectar a las personas con discapacidad”.
Recordó que todo este proceso se está dando a través de disputas judiciales, “incluido el reintegro de las pensiones no contributivas que fueron suspendidas el año pasado en el marco de la auditoría sin respetar un procedimiento, muchas personas ni siquiera recibieron las cartas documento para presentarse a las auditorías y el Estado nacional decidió dar de baja estas pensiones en forma arbitraria entendiendo que hubo un incumplimiento por parte del usuario por no asistir a la auditoría”.
Antúnez remarcó que “obviamente, las auditorías son importantes y fundamentales porque hablamos de recursos que deben llegar a las personas que les corresponde cobrar y no a otras. Pero se requiere un procedimiento claro, con mayor control sobre los equipos técnicos a cargo de estas auditorías que requieren seriedad y profesionalismo porque pueden afectar el acceso a una pensión y prestaciones a una persona con discapacidad”.
Derechos adquiridos
Antúnez expresó su satisfacción ante la figura del Consejo Federal de Discapacidad “porque nos da a las provincias la posibilidad de volver a sentarnos a dialogar con el Gobierno nacional, a tratar de acercar las demandas de cada territorio, porque las problemáticas de las provincias son distintas; es recuperar una relevancia que el Gobierno nacional quitó durante 2025 a las provincias al no convocar a las asambleas suficientes y las pocas realizadas fueron protocolares y ninguna finalizó con acuerdos”.
Según indicó, los que ya tienen pensión no contributiva tienen un derecho adquirido por lo que “el Estado no puede quitar a quienes recibieron estas pensiones bajo otros criterios porque las personas no dejan de cumplir con esos criterios. Lo que sí debería suceder es la continuidad de las auditorías y, en el caso que corresponda, migrar las pensiones por invalidez laboral a una pensión por discapacidad… hay muchas cosas por definir aún, la reglamentación salió ayer y todavía hay varios artículos sin reglamentar así que todavía hay vacíos que no sabemos cómo serán rellenados y hay que esperar a ver qué decisiones toma el Gobierno nacional”.
La gran deuda
Pese a que el Gobierno nacional prácticamente regularizó los pagos que acumuló durante 2025 con los prestadores y ayudas técnicas -la mayoría de esos procesos a través de demandas judiciales- no actualizó el nomenclador, es decir lo que paga por los servicios a los prestadores.
“El nomenclador no se actualiza desde 2023, por lo que está totalmente desfasado para 2026 lo que determinó que muchos prestadores dejen de prestar el servicio o lo siguen haciendo de manera privada, lo que implica que solo puede acceder el que puede pagar por lo que terminamos relegando a las personas con discapacidad al encierro y la falta de participación social”, reflexionó la presidenta del Consejo Provincial de la Discapacidad, Tatiana Antúnez, quien recordó que las prestaciones representan para las familias una mayor tranquilidad porque constituyen un servicio de apoyo que les permite descansar un poco mientras que sus hijos están atendidos por profesionales preparados para trabajar con distintos tipos de discapacidad y les ayudan a tener mayor autonomía y vivir mejor.
Tres años de demora
Según precisó la funcionaria provincial, el año pasado prácticamente no se autorizaron nuevas pensiones no contributivas, apenas unas pocas en diciembre. Y este año, en enero, salieron otras cuantas.
“Pero los trámites están demorando casi tres años, hay gestiones para pensiones que se iniciaron en la gestión anterior que hasta el momento no tienen respuesta… les vuelven a solicitar documentación que ya habían presentado y ya no sabemos si van a esperar para que estas pensiones migren a las de discapacidad”, indicó.
Opacidad
Antúnez admitió que “no sabemos hoy cuántas personas cobran pensiones no contributivas en Misiones porque los últimos datos oficiales son del año pasado, cuando eran alrededor de 75.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral y dentro de ese mundo están las pensiones por discapacidad. En Misiones, hay 34.000 personas con CUD. Después de la auditoría, las suspensiones y las restituciones, no sabemos hoy el número exacto de las pensiones no contributivas vigentes porque el Estado nacional no informa estos datos”.
