La puesta en marcha de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones comenzó a mostrar, en los hechos, el impacto del nuevo esquema de privatización vial impulsado por el Gobierno nacional. En la Autovía del Mercosur, que atraviesa Corrientes y conecta rutas estratégicas del litoral, la concesionaria habilitada debutó con una medida que generó fuertes cuestionamientos: el cobro de un peaje 100% más caro para quienes no utilicen el sistema de pago automático TelePase.
La decisión fue avalada por Vialidad Nacional y se apoya en una modificación introducida en los pliegos antes de la adjudicación. A partir de ese cambio, las estaciones de cobro manual pasaron a ser consideradas vías mixtas, lo que habilita a la empresa a duplicar la tarifa base del TelePase para todos los usuarios que paguen mediante efectivo, tarjetas, billeteras virtuales o códigos QR.
En los tramos concesionados de las rutas nacionales 12 y 14, el puente Zárate–Brazo Largo y el acceso al paso internacional Paso de los Libres–Uruguayana, la tarifa para automóviles quedó fijada en $1.886,87 para quienes cuentan con TelePase, mientras que el resto de los usuarios debe abonar $3.773,75 por cada pasada. La medida impacta de lleno sobre un universo mayoritario, ya que, según datos oficiales del último año de gestión estatal, el 70% de los conductores utilizaba el pago manual.
El antecedente encendió luces de alerta en Misiones, que si bien no fue incluida en la primera etapa del plan, aparece contemplada en instancias posteriores de la Red Federal de Concesiones. Los peajes ubicados sobre la ruta nacional 12, en Santa Ana y Colonia Victoria, forman parte del esquema previsto para la Etapa III, que avanzará con concesión, administración y mantenimiento privados sin una fecha definida pero con lineamientos ya establecidos.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial vienen advirtiendo, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, que este modelo no solo implica aumentos tarifarios significativos, sino también un cambio en las reglas de uso de las rutas. La imposición de sistemas de pago electrónico como condición para evitar recargos plantea un escenario restrictivo para miles de usuarios, especialmente en provincias donde la conectividad, el acceso bancario y la adopción de herramientas digitales no es homogénea.
