Una obra en la zona costera conocida como “El Yacaré”, a orillas del río Uruguay, desató una controversia institucional en este municipio. La concejal Mirta Barrios presentó un pedido de informes al Ejecutivo municipal al advertir que los trabajos se iniciaron sin que el proyecto completo haya sido remitido al Concejo Deliberante para su evaluación.
De su lado, el intendente Matías Vilchez respondió por nota que no existe obligación legal de someter la iniciativa a aprobación legislativa, al tratarse de una inversión privada sin erogación de fondos públicos.
El pedido de informes ingresó al Concejo Deliberante dirigido a esclarecer distintos aspectos de la obra: quién la ejecuta, cuál es su costo, si la concesión ya fue otorgada y bajo qué condiciones.
La iniciativa legislativa se apoya en la Ordenanza 17/2024, que autorizó a la Intendencia a confeccionar un proyecto para el desarrollo de una zona costera con servicios gastronómicos en ese sector de la ciudad.
Según explicó Barrios a PRIMERA EDICIÓN, el planteo surge al detectar que la obra comenzó sin que el proyecto haya sido presentado formalmente al cuerpo deliberativo. “La ordenanza autoriza a confeccionar un proyecto, pero ese proyecto nunca llega al Concejo. Después, en su respuesta, el intendente menciona otra ordenanza que no tiene nada que ver con esto”, señaló la edil.
La concejal remarcó que la norma a la que alude el Ejecutivo habilita la utilización de espacios verdes en el marco de un problema habitacional, pero no para emprendimientos turísticos ni para concesiones a terceros. “Ahí surge la duda de por qué se saltearon pasos legales”, sostuvo.
La respuesta del intendente Vilchez llegó mediante una nota oficial dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante. Allí, el jefe comunal encuadró la obra dentro de la Ordenanza 06/2025, que faculta al Departamento Ejecutivo a autorizar el uso y ocupación de determinados espacios públicos para iniciativas de carácter privado.
En ese marco, afirmó que el proyecto consiste en una inversión íntegramente privada destinada a la construcción de una confitería y equipamiento complementario, sin erogación municipal ni contratación de obra pública.
“Al no tratarse de una obra ejecutada con fondos públicos, no se configura una obligación legal de requerir aprobación previa ni de elevar informes al Concejo Deliberante, más allá de las comunicaciones institucionales habituales”, señala el texto firmado por Vilchez.
El intendente sostuvo además que la iniciativa se inscribe en políticas locales de promoción del turismo, generación de empleo y dinamización económica mediante la participación del sector privado.
Vilchez cuestionó lo que consideró intentos de frenar inversiones por “interpretaciones” administrativas y aseguró que su gestión no permitirá que “el oportunismo político obstaculice inversiones que generan progreso, empleo y nuevas oportunidades” para la comunidad. “Lo que algunos intentan frenar con chicanas, esta gestión lo continuará transformando en hechos”, expresó.
Barrios insistió en que el planteo no busca frenar el desarrollo ni la inversión privada, sino garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales y el rol de control del cuerpo legislativo.
