En un contexto nacional marcado por la recesión, la caída del consumo y el aumento sostenido de los costos operativos, cada vez más empresas recurren a mecanismos legales para intentar sostener su funcionamiento y preservar los puestos de trabajo. En ese escenario, cuatro firmas tradicionales de la ciudad de Posadas iniciaron el Proceso Preventivo de Crisis, una herramienta prevista por la legislación laboral para afrontar situaciones económicas adversas.
En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Agustín Gómez, explicó que la medida se ampara en “una ley nacional, la 24.013, donde una empresa que atraviesa un momento complejo por la caída de ventas y de consumo realiza una presentación ante la Secretaría de Trabajo”, actualmente dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el fin de solicitar medidas excepcionales.
Gómez detalló que el procedimiento exige la presentación de balances y la nómina de personal, además de especificar el tipo de pedido que se formula. “Pueden solicitar reducción de salarios o suspensiones por determinados meses, y luego el Ministerio evalúa si autoriza o no ese pedido”, indicó, al tiempo que aclaró que este tipo de presentaciones “empezaron a darse ahora, hacia fin de año”.
Según el funcionario, las empresas recurren a esta herramienta como una alternativa para evitar decisiones más drásticas. “Muchas de estas firmas llevan muchos años, emplean a muchas familias y, al no querer cerrar o despedir directamente, toman la decisión de reducir salarios o cargas patronales”, señaló, y advirtió que la caída del consumo se arrastra “desde este año y también desde el anterior”.
Entre los casos presentados mencionó el de la empresa Tauro, dedicada a la fabricación de colchones, que emplea a unos 140 trabajadores y solicitó “una reducción del salario del 30% por tres meses”, y el del Frigorífico El Abasto, con unos 70 empleados, que pidió “una reducción del 50% por dos meses”. En este último caso, Gómez relató que los propios trabajadores “ven la caída de la producción, que bajó casi un 50%, y entienden la realidad que atraviesa la empresa”.
El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio advirtió que el impacto de estas medidas se inscribe en una situación económica generalizada. “El salario quedó estancado y los gastos suben: alquileres, servicios, transporte, salud y educación”, enumeró, y remarcó que esta pérdida de poder adquisitivo se traduce en menos consumo. “Hoy incluso hay caída en rubros de alimentos, lo que muestra que la gente está comiendo menos”, alertó.
En cuanto al alcance de los procedimientos en marcha, Gómez precisó que las cuatro empresas involucradas —Tauro, Frigorífico El Abasto, Maravilla y Refrigeraciones Posadas— emplean en conjunto a unos 300 trabajadores. “Es un número importante, porque detrás de cada trabajador hay una familia”, subrayó, y advirtió que podrían sumarse más firmas que “están evaluando” iniciar el mismo proceso.
Finalmente, se mostró preocupado por el panorama a corto plazo y cuestionó la falta de medidas de reactivación. “No vemos políticas que favorezcan al comercio ni al consumo, y así es muy difícil que se generen más puestos de trabajo”, sostuvo, y concluyó que “para que las empresas puedan contratar más empleados tiene que haber reactivación económica, no quita de derechos”, en un escenario donde la incertidumbre golpea de lleno a la economía local.
