Tras vencerse los plazos, ordinarios y de gracia, para que la defensa de Gendarmería Nacional presente la apelación correspondiente, la Cámara Federal de Posadas rechazó por extemporáneo el recurso de alzada para intentar frenar el fallo que hace 19 meses (mayo de 2024) emitió el juez federal de esta capital, José Luis Casals, y que ordenar reparar los daños y perjuicios provocados al gendarme Ramón Silvera, absuelto en noviembre de 2016 en el juicio por “exacciones ilegales y concusión” que se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal misionero.
De acuerdo a la resolución firmada el pasado miércoles y a la que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso exclusivo, la Secretaría Civil de la Cámara Federal de Posadas resaltó y notificó a Gendarmería:
“Advertimos que el remedio federal intentado no se ha deducido dentro del perentorio plazo dispuesto por el artículo 257 del CPCC (…) Se desprende que la sentencia en crisis fue notificada al apoderado de la parte recurrente en fecha 09/10/2025 a las 8.23. En consecuencia, el cómputo del plazo -adicionando el plazo de gracia previsto en el artículo 124 del CPCC– fenecía indefectiblemente el 27/10/2025 a las dos primeras horas del despacho. Sin embargo, el escrito de interposición fue presentado el 27/10/2025 a las 9:26 una vez expirado el término, circunstancia que sella la suerte de la impugnación por su manifiesta extemporaneidad”.
Como lo publicó este Diario, también de manera exclusiva el domingo 26 de octubre pasado, la Cámara Federal de Posadas dejó firme un fallo de mayo de 2024 del juez federal José Luis Casals, que coincide con la demanda del gendarme iniciada en 2019 para reparar las pérdidas que le causó la falsa investigación que lo acusó de ser cabecilla de cobradores de coimas en controles de ruta en 2009.
El 9 de octubre pasado, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, rechazaron la apelación de Gendarmería al fallo que avaló a la querella por daños y perjuicios que el alférez Ramón Silvera, representado por los abogados Ernesto Báez y Hugo Zapana, presentó contra la fuerza de seguridad, en noviembre de 2019, y que obliga a Gendarmería Nacional a reparar con la indemnización actualizada.
“Monchi” Silvera es oriundo de Concepción de la Sierra y fue absuelto de culpa tras la causa penal iniciada en 2009 por sus jefes de región de GN por exigir coimas en el puesto de control vial que tenía a su cargo en El Arco de la ruta nacional 12.
Nueve años y un mes
En noviembre de 2016 no solo le correspondió la absolución de toda culpa, también se anuló toda la investigación realizada en Instrucción y se ordenó la apertura de un expediente que incluyó a tres ex altos mandos de la Agrupación IV “Misiones” de Gendarmería Nacional.
El juicio fue el primero del tipo por “cohecho y concusión” en la historia de la Justicia Federal de la provincia. Enfrentó Silvera la acusación como “autor de exacciones ilegales en la modalidad de concusión, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Vale recordar que la fiscal Vivian Andrea Barbosa solicitó entonces una pena de dos años y seis meses de prisión y cinco de inhabilitación (artículos 266, 248 y 54 del Código Penal).
El TOCF-Posadas, conformado entonces por los jueces de cámara Norma Lampugnani, presidencia, y los vocales Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi, encontró errores en la instrucción de la causa del fiscal Manuel Tesoriero (fallecido), y se sospechaba sobre el cobro de coimas a transportistas en el puesto de control fijo en el límite entre Misiones y Corrientes, pero también en otros tramos de la ruta 12, como en el ingreso a Candelaria.
La apelación fiscal a la absolución llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyos ministros –noviembre de 2018– Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti respondieron ratificando la absolución del 15 de noviembre de 2016.
Máximas calificaciones
Al respecto vale recordar que el alférez Ramón Silvera, después de su absolución, solicitó nuevamente funciones y cargo en la fuerza de seguridad y fue destinado a la provincia de Buenos Aires, al partido de La Matanza.
Retornó a Concepción de la Sierra en 2019 y durante un año la vivienda familiar permaneció con custodia de la Policía Federal por las amenazas que sufrió su familia.
Continuó destacándose como investigador de Gendarmería, lo que permitió concretar múltiples secuestros de estupefacientes y detenciones.
Sus calificaciones volvieron a ser de 100 (máximo puntaje de GN) y esto fue remarcado por jueces y fiscales federales.
