El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal en la que solicita investigar a la senadora Patricia Bullrich, a su hijo Francisco Langeri Bullrich y al fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita, vinculados al manejo de la empresa gastronómica.
La presentación judicial apunta a un supuesto entramado societario que habría sido diseñado para ocultar el origen de los fondos utilizados en la expansión de Tostado Café, una cadena que cuenta con más de 70 locales en el país y en el exterior. Según la denuncia, el crecimiento económico del grupo no tendría una explicación razonable basada en antecedentes comerciales, capital inicial declarado o financiamiento bancario verificable.
Dalbón sostiene que Langeri Bullrich y Goijman figuran como socios de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., a través de las cuales se habría desarrollado la red de bares y locales gastronómicos. En ese marco, remarca que la rápida expansión empresarial, alcanzada en un período relativamente breve, implicaría un volumen económico de millones de dólares sin respaldo público claro sobre el origen de los recursos.
El escrito se apoya, además, en investigaciones periodísticas que advierten sobre la multiplicidad de sociedades comerciales vinculadas al grupo, algunas con domicilios coincidentes o asociados a inmuebles relacionados con Patricia Bullrich. En particular, se menciona una propiedad ubicada en la calle Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, a la que se le atribuye relevancia patrimonial y fiscal dentro del análisis.
La denuncia también señala la fragmentación del entramado societario en diversas firmas, lo que —según el abogado— podría responder a una estrategia destinada a dificultar los controles fiscales, contables y patrimoniales. A ello se suman registros de cheques rechazados por falta de fondos en algunas empresas, una situación que, de acuerdo con Dalbón, contrasta con la supuesta envergadura económica del grupo y podría indicar desmanejos financieros o simulación de solvencia.
Respecto del rol de la senadora, la presentación aclara que el vínculo familiar no implica por sí solo un reproche penal, pero subraya que su posición institucional exige extremar los recaudos para descartar conflictos de intereses, favorecimientos indebidos o tolerancia estatal. Entre las medidas de prueba solicitadas se incluyen allanamientos, el secuestro de documentación societaria y contable, informes a la UIF, la IGJ y organismos fiscales, así como la citación a indagatoria de los denunciados. La causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano, quienes deberán definir si avanzan con la investigación.
Fuente: Ámbito Financiero
