El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 864/2025, estableció la nueva Política de Inteligencia Nacional (PIN), un documento de 34 páginas que marca un antes y un después en la definición de los objetivos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) tras más de dos décadas de vacancia formal en la materia. Con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la medida instruye a la recientemente reestructurada Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a focalizar sus esfuerzos en amenazas concretas y cinco intereses estratégicos clave.
La nueva política surge de un diagnóstico institucional severo que describe al SIN con “un deterioro relevante” de más de tres décadas. El texto oficial no elude referencias históricas dolorosas, mencionando expresamente los atentados de 1992 (Embajada de Israel) y 1994 (AMIA), cuyos hechos “aún no han sido del todo esclarecidos,” además de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que se califica como “un hecho de suma gravedad institucional.”
El documento define cinco intereses estratégicos principales que guiarán la totalidad de las actividades de inteligencia:
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Asegurar la soberanía y autonomía de la Nación.
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Proteger la integridad territorial (incluyendo zonas de frontera y espacios sensibles como la Antártida y el Atlántico Sur).
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Proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes.
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Asegurar la vigencia del sistema democrático.
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Preservar los recursos estratégicos (litio, gas no convencional, acuíferos).
En este marco, la nueva SIDE -que opera a través de cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI)- deberá concentrar sus esfuerzos en diez lineamientos clave, con énfasis en amenazas de índole geopolítica, tecnológica y criminal:
- Soberanía Territorial y Ocupación Ilegítima: El documento subraya la necesidad de monitorear la “presencia extranjera en el Atlántico Sur” y las acciones vinculadas con la “ocupación ilegítima del territorio nacional de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,” destacando el entorno de “competencia silenciosa” que generan potencias extrarregionales. También incluye el seguimiento a las acciones de otros actores en el Espacio Antártico Nacional.
- Recursos Críticos: La PIN enfatiza la vulnerabilidad de Argentina debido a su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, que la exponen a “escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos”.
- Ciberespacio y Desinformación: Se prioriza la protección de la “soberanía cognitiva” y se define al ciberespacio como un “vector de influencia y superficie de ataque”. Se buscará anticipar riesgos provenientes de la difusión de información falsa o engañosa que apunte a erosionar la cohesión social o condicionar procesos electorales.
- Terrorismo Transnacional: Se advierte sobre la “exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente”, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales, citando “el precedente de atentados con impacto regional”.
- Crimen Organizado: Se lo describe como una “estructura de poder paralela” que se beneficia de “la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales” para consolidar redes con vínculos extrarregionales.
La SIDE, que reemplazó a la disuelta AFI (Decreto 614/24), se estructura con cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). El Decreto 864/2025 instruye a esta Secretaría a dictar una “Estrategia de Inteligencia Nacional” más específica para la implementación concreta de estos objetivos.
