La expansión acelerada del uso de motocicletas, sumada a la falta de controles efectivos y a un sistema normativo fragmentado, configura hoy el escenario más crítico de la seguridad vial en Argentina. Así lo planteó el ingeniero Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM), quien alertó que “la Argentina pasó el 50% de las muertes en siniestros viales como motociclistas” y que en el NOA y el NEA “ya pasó el 70%”.
En FM de las Misiones explicó que el incremento en la cantidad de motos circulando responde sobre todo a la situación económica, que vuelve al vehículo accesible para muchos usuarios. Pero remarcó que el problema central está en la falta de formación y exigencias mínimas. Expresó que “entre el 70 y el 80% de los motociclistas de la Argentina no saben andar en moto”, ya que “no conocen principios básicos de la conducción” y tampoco se los obliga a utilizar elementos de protección. Cuando consulta a intendentes sobre por qué no se endurecen los controles, le reconocen que “si soy más riguroso, me quedo con la mitad de las motos del pueblo y se me viene todo el mundo encima”.
En ese punto, el especialista señaló que la permisividad municipal esconde otra falencia estructural: la debilidad del transporte público. Según describió, muchos jefes comunales admiten en privado que un control estricto dejaría al descubierto la falta de alternativas para moverse.
Al analizar cómo manejan los argentinos, Pons fue tajante. Dijo que “manejamos como vivimos”, por lo que si crece la intolerancia y disminuye el respeto por el otro, el tránsito termina reflejando esos comportamientos. Planteó que hay que diferenciar “manejar el vehículo” de “conducirse en la calle”, y que, más allá de los avances técnicos incorporados al parque automotor desde 2014, las conductas siguen deteriorándose. Recordó que el país quedó atrasado respecto de otras regiones en estándares de seguridad: Europa y Estados Unidos hicieron obligatorios elementos como el control de estabilidad en 2011, mientras que Argentina recién lo adoptó en 2022, y aún no exige sistemas ADA. “Nosotros no tenemos nada”, afirmó.
El presidente de Ovilam también criticó la falta de educación vial y la brecha entre la declamación oficial y la realidad. “No conocemos las normas, no hemos tenido educación vial. Hay declamación que después no se cumple”, señaló, y advirtió que sin cambios estructurales “este cóctel termina mal siempre como todos los años”.
Respecto al rol de los radares, Pons sostuvo que pueden funcionar como herramientas preventivas cuando se colocan en “puntos negros” para disuadir excesos de velocidad, pero cuestionó su utilización actual. Indicó que, en muchos municipios, la instalación responde a fines recaudatorios y no a una política de seguridad. “Se usan cazabobos. No se ponen para mejorar la seguridad vial sino para ver cómo se recauda”, dijo. Aseguró además que el país necesita “100 veces más controles” y que se perdió el patrullaje dinámico que solía frenar malas conductas en tiempo real. “Estamos a la merced de controles electrónicos que muchas veces son más un negocio que un elemento disuasorio”, añadió.
Consultado sobre la posibilidad de una transformación profunda del sistema, su respuesta fue pesimista. “Lamentablemente tengo que decirles que no”, expresó, al describir un esquema legal fragmentado donde conviven 2300 municipios, 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Nación, sin una única autoridad rectora. Señaló que la Ley Nacional de Tránsito “pide, ruega que adhieran” las provincias y los municipios, pero muchos no lo hacen. “Se convierte en letra muerta”, lamentó. Consideró indispensable que sacar una licencia en Posadas sea igual que en La Rioja, Santa Rosa o Buenos Aires, y cuestionó que hoy existan “niveles de alcoholemia distintos, prioridades de paso distintas, velocidades distintas”. Afirmó que esa variedad normativa “busca recaudar, no mejorar”.
El ingeniero insistió en la necesidad de planificar políticas a corto, mediano y largo plazo, algo que hoy no ocurre porque “no está la gente idónea” en los cargos públicos y porque la rotación constante de funcionarios impide sostener procesos. Subrayó que incluso cuando existe conocimiento técnico, “obviamente no está en cargos públicos, no lo buscan”. Y advirtió que, sin una dirigencia capacitada, “no hay mejora sostenida”. En ese contexto, sostuvo que “lo único que se podría hacer es trabajar sobre la conciencia individual”, aunque admitió que “hasta ahora no hemos tenido éxito”.
Pons cerró con un diagnóstico contundente sobre el estado de las estadísticas oficiales. Dijo que la Argentina sufre “una pobreza estadística increíble” y que muchas provincias informan cifras incompletas o directamente erróneas. Remarcó que algunas jurisdicciones declaran datos que sus propios hospitales no poseen. “Sabemos que es un invento”, afirmó. Y recordó que se discuten políticas sin sustento técnico, como ocurrió en el debate por la alcoholemia cero. “Se están guitarreando, inventando cifras”, sintetizó.
