La Agencia de Recaudación y Control Aduanero consolidó esta semana un entendimiento con los Estados Unidos que redefine el intercambio de información entre ambos países y que podría impactar en la dinámica del comercio exterior, especialmente en el agro. El convenio fue firmado en Washington por el titular del organismo argentino, Juan Pazo, acompañado por el director general de Aduanas, Andrés Veliz, junto con el subcomisionado Ejecutivo Adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, Donald R. Stakes.
La firma se produjo pocos días después de que se conociera la confirmación de un acuerdo comercial bilateral que Milei presentará en su próximo viaje a Estados Unidos, previsto inicialmente por el sorteo del Mundial. Según detallaron desde el organismo tributario, el entendimiento constituye un paso decisivo para avanzar en la modernización de los procesos aduaneros, con eje en la digitalización, la automatización y el fortalecimiento de los controles.
Desde ARCA explicaron que el convenio permitirá mejorar la coordinación bilateral y robustecer la detección temprana de amenazas vinculadas al delito transnacional, con lineamientos alineados a los estándares de la Organización Mundial de Aduanas. También señalaron que la cooperación técnica facilitará trámites, reducirá tiempos logísticos y potenciará la competitividad del sector privado, con la ambición explícita de avanzar hacia una Aduana completamente digital, sin gestiones presenciales ni documentación en papel.
Uno de los puntos relevantes del acuerdo había sido anticipado a los sectores agroexportadores, con quienes el Gobierno mantiene un diálogo fluido. Voceros vinculados a esas conversaciones explicaron que ambos países prevén intercambiar información vinculada al mercado de la soja, aunque recordaron que la operatoria comercial continúa dependiendo de la lógica entre privados y los movimientos de oferta y demanda. Para algunos actores del agro, ese aspecto del entendimiento generó cierta inquietud, ya que Estados Unidos procura evitar que decisiones locales desplazen al poroto estadounidense del mercado chino.
Esa tensión quedó expuesta cuando el Gobierno aplicó, a fines de septiembre, un esquema de “retenciones cero” por un cupo de hasta 7.000 millones de dólares, una decisión que duró apenas tres días y que coincidió con negociaciones sensibles por el swap de 20.000 millones de dólares con Washington. Sectores del agro norteamericano expresaron malestar y, según fuentes consultadas, presionaron para evitar medidas que alteren la competencia en su principal destino exportador. Aunque desde Cancillería negaron de manera enfática cualquier condicionamiento, admitieron que la discusión existe y que genera dificultades para avanzar en la eliminación de derechos de exportación, una promesa reiterada por la administración nacional.
El acuerdo difundido por la Casa Blanca también sumó un componente estratégico: ambos países se comprometieron a cooperar para facilitar inversiones y comercio de minerales críticos, al tiempo que acordaron acciones para estabilizar el mercado global de soja. En ese marco, la expectativa de una mayor coordinación entre Estados Unidos y China impulsó al alza el precio de la tonelada en Chicago, que volvió a ubicarse por encima de los 400 dólares.
La cooperación entre ambos gobiernos en materia aduanera no es nueva y tiene antecedentes desde los años noventa, cuando Washington incorporó unidades especializadas en transparencia comercial para identificar tendencias globales y monitorear maniobras de lavado de activos mediante operaciones de comercio exterior. Esas áreas utilizan análisis permanentes y alianzas con organismos de distintos países para detectar inconsistencias en flujos de datos. Fuentes vinculadas al funcionamiento de ARCA señalaron que, dentro del intercambio, podría incorporarse una cláusula que obligue a comunicar de manera anticipada cualquier modificación vinculada a retenciones, una dinámica relacionada con los reclamos norteamericanos por la competencia en el mercado asiático.
En paralelo al acuerdo, ARCA avanzó este año en gestiones para financiar su proceso de modernización. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito por 1.200 millones de dólares para el fisco nacional, de los cuales 800 millones están destinados a impulsar reformas tributarias orientadas a mejorar eficiencia y equidad. Entre los objetivos figuran la simplificación de declaraciones de IVA y Ganancias para personas físicas. A eso se suma un préstamo del Banco Mundial por 300 millones de dólares para profundizar la automatización, agilizar trámites y asegurar información precisa y actualizada para los contribuyentes. Consultadas sobre el destino puntual de esos fondos, fuentes del organismo no pudieron brindar detalles.
