El Día de los Derechos de la Infancia llegó con una radiografía preocupante de Argentina: el 35,4% de los chicos de 1 a 14 años asegura que recibió castigos físicos y más del 50% sufrió agresiones verbales, según un informe elaborado por UNICEF y la Universidad Austral.
De acuerdo al mismo estudio, en los últimos 17 años la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema registró 65.065 víctimas menores de edad, con una tendencia sostenida al alza durante los últimos años.
En Misiones, los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) muestran la magnitud del problema y la falta de herramientas para precisarlo: en 2024 se radicaron 29.683 denuncias policiales por violencia doméstica y de género, pero el estudio no distingue cuántas de esas presentaciones corresponden a casos de maltratos y vulneraciones de derechos de menores de edad.
Además, la defensora provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, Rossana Franco, advirtió que el mapa actual no puede leerse solo desde la violencia física: “Hoy tenemos nuevos delitos, por ejemplo, los que tienen que ver con lo tecnológico, lo digital… tenemos que hablar del grooming, del bullying también”, indicó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Su diagnóstico, en el marco de una jornada de sensibilización que se realizó ayer en la plaza 9 de Julio, es que la denuncia sigue siendo la herramienta fundamental para avanzar en el resguardo y, sobre todo, la restitución de derechos de NNyA, porque marca el primer paso para la intervención administrativa y judicial.
Cambio de paradigma
La Ley 26.061, sancionada en 2005, fue un cambio de paradigma importante en ese aspecto: antes de esa ley, los NNyA no eran considerados sujetos de derecho y las situaciones de violencia solamente podían ser denunciadas por sus tutores.
Bajo la nueva normativa, las situaciones de violencia abandonan el ámbito privado y pasan al ámbito público, por lo que “todas las personas que tomen contacto con alguna situación de vulneración de derechos tienen la obligación de hacer la denuncia correspondiente”, explicó Franco.
Demandas actuales
A su vez, la defensora advirtió que el sistema provincial de protección trabaja en un terreno cada vez más complejo, donde la vulneración de derechos se cruza con otras problemáticas, principalmente los consumos problemáticos, situaciones de abandono y violencia digital, que colocan a los NNyA en situaciones de riesgo.
Franco también explicó que muchas formas de violencia no son detectadas como tales por las familias y la sociedad, como sucede con el abandono escolar y los calendarios de vacunación incompletos, que vulneran los derechos fundamentales a la educación y la salud.
Aún así, remarcó que “cuando tenemos más situaciones (denunciadas), tenemos más posibilidades de restituir derechos y, a la vez, significa que hay mayor concientización”. Hoy, consideró que el cambio de paradigma que planteó la Ley 26.016 tuvo impacto en el ámbito legislativo y judicial, pero que el trabajo de sensibilización es importante para que tenga impacto social.
