El Gobierno nacional incluyó en la reforma tributaria que enviará a sesiones extraordinarias de diciembre una propuesta para eliminar por completo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, lo que abriría un escenario de cambios profundos para más de un millón de trabajadores independientes en todo el país. La iniciativa forma parte de un paquete fiscal más amplio que apunta a simplificar el sistema impositivo y “formalizar” la economía, según expresaron funcionarios del gobierno de Javier Milei.
La idea central es unificar a todos los contribuyentes en el régimen general, lo que implicaría el fin del monotributo creado en 1998. Los actuales monotributistas pasarían a tributar como autónomos y se adaptarían a un nuevo esquema de aportes, facturación y deducciones. El borrador que circula propone una escala de aportes de entre 100.000 y 500.000 pesos mensuales, además de permitir deducir gastos personales, algo que hoy no está contemplado en el régimen simplificado.
En el caso del IVA, el tope se equipararía a los ingresos de la actual Categoría F, mientras que en Ganancias el Ejecutivo proyecta un único mínimo no imponible cercano a 1,7 millones de pesos para 2025. La reforma también incluye un régimen de promoción del empleo: las empresas que contraten a ex monotributistas o a personas con más de seis meses sin trabajo tendrían reducciones en aportes y contribuciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno aspira a avanzar también sobre impuestos provinciales y nacionales considerados “distorsivos”, como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, retenciones y Ganancias para empresas. Sin embargo, reconoció que su eliminación no sería inmediata debido al peso que tienen en la recaudación.
La posible eliminación del monotributo abre interrogantes sobre el impacto en miles de trabajadores independientes, profesionales y pequeños prestadores de servicios que encontraron en el régimen una vía accesible para formalizarse. En un esquema generalizado, muchos deberían asumir costos más altos y obligaciones administrativas más complejas, incluyendo contabilidad profesionalizada. Especialistas advierten que, sin un sistema de transición adecuado, una parte importante de la actividad podría volver a la informalidad.
