El Gobierno nacional oficializó este martes la derogación del Decreto N° 2417/1993, una norma que desde hace más de tres décadas regulaba aspectos clave del cobro de aranceles y matrículas en los institutos de enseñanza pública de gestión privada. La medida, plasmada en el Decreto 787/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, entra en vigencia de inmediato y tiene como objetivo principal desregular el sector.
Hasta hoy, el control de las cuotas tenía un “paraguas” nacional. Aunque las provincias (como Misiones a través del SPEPM, o Buenos Aires con la DGCyE) tienen la potestad directa sobre sus escuelas, la norma nacional funcionaba como un marco de referencia.
El resultado es que la responsabilidad total por lo que suceda con las cuotas recae ahora sobre los gobernadores y sus respectivos organismos de control (como el SPEPM en Misiones).
Serán las administraciones provinciales las que queden como único árbitro visible entre las cámaras de colegios privados y los padres de alumnos, que ya no podrán apelar a una regulación superior. En resumen: la Nación desregula el precio y pone en suspenso el subsidio, dejando que las provincias administren el impacto social.
Según los considerandos del decreto, la normativa ahora derogada presentaba “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación” de los colegios a la realidad económica del país.
El núcleo del decreto 2417/93 exigía a los establecimientos comunicar los montos de matrícula y cuotas con considerable anticipación, y, fundamentalmente, requería la autorización estatal previa para modificar dichos valores.
El argumento central del Ejecutivo para la derogación es que este mecanismo, lejos de proteger a las familias, las perjudicaba. El texto oficial sostiene que la rigidez de la norma creaba “una situación de incertidumbre económica para los institutos”, que, como consecuencia, “suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
De esta manera, el Gobierno afirma que el mecanismo “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”, limitando su capacidad de elección.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, también defiende que la intervención estatal “constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos”, los cuales, al ser entidades privadas, “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación” y salarios.
Paralelamente a esta derogación, el Artículo 2° de la nueva norma instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, para que “proceda a revisar las pautas contenidas en el Decreto N° 2542 del 5 de diciembre de 1991” (la norma principal de financiamiento) y eleve una propuesta de modificación.
Entre las justificaciones para esta revisión integral, el Gobierno menciona que el esquema se fijó cuando la educación nacional aún no había sido transferida a las provincias, por lo que el “contexto fáctico y normativo” es completamente distinto al actual.
La derogación del Decreto 2417/93 redefine el tablero de la educación privada y traslada toda la presión de la gestión de aranceles a las provincias.
