El presidente Javier Milei firmó un profundo reordenamiento institucional del Ejecutivo, con el objetivo declarado de “optimizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión de Gobierno Nacional”. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Ministerios y redefine competencias en tres áreas estratégicas: comunicación, política social ambiental y seguridad.
En lo más relevante, se suprime la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, cuyas funciones -como la formulación de la política de comunicación de Gobierno, la relación con medios y la administración de medios públicos- pasan íntegramente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Luis Caputo. Esto incluye la transferencia de personal, créditos presupuestarios, bienes y unidades organizativas.
Asimismo, las políticas de Turismo, Deporte y Ambiente -hasta ahora bajo el Ministerio del Interior, a cargo de Patricia Bullrich- quedan bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete. El nuevo artículo 16 de la Ley de Ministerios incorpora 36 incisos (del 35 al 70) que detallan extensamente esas competencias: desde la promoción del turismo internacional y la gestión del Fondo Nacional de Turismo hasta la planificación de infraestructura deportiva, la política ambiental integral, la lucha contra el cambio climático y la administración de radios y televisión estatales.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Nacional (también liderado por Bullrich) asume la gestión de migraciones, refugio, asilo, nacionalidad y el control del Registro Nacional de las Personas. Se modifica el artículo 22 bis para incluir como competencias explícitas: “entender en la elaboración y aplicación de las normas que rijan lo inherente a migraciones internas y externas”, “el otorgamiento de la condición de refugiado”, y “la organización, conducción y control del Registro Nacional de las Personas”.
La reforma también reduce las secretarías presidenciales de cuatro a tres: quedan la Secretaría General, la Legal y Técnica, y la de Inteligencia de Estado -todas con rango de ministerio- y se añade la de Cultura, sin rango ministerial, reemplazando a la suprimida Secretaría de Comunicación.
El decreto entró en vigencia de forma inmediata tras su publicación y ya fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, como exige la Ley 26.122 sobre DNU. El Poder Ejecutivo argumenta que las modificaciones son “impostergables para la gestión de gobierno”, invocando los incisos 1 y 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
